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La experiencia se llevó a cabo en total discreción. Entre 2016 y 2018, dos cámaras de vigilancia instaladas en el barrio londinense de King's Cross analizaron furtivamente los rostros de los transeúntes para identificarlos y seguir sus movimientos mediante reconocimiento facial.
El uso de esta tecnología de punta en los alrededores de las concurridas estaciones de Londres, revelado por el diario Financial Times hace unos meses, alimentó la polémica en una democracia ya que carece de marco legal.
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La empresa encargada del diseño de la zona aseguró que "solo trató de ayudar a la policía a impedir y a detectar los delitos en el barrio", sin fines comerciales.
Pero el gendarme británico de la protección de datos, la Information Commissionner's Office (ICO) ha abierto una investigación, preocupada por el recurso creciente del reconocimiento facial. Esta técnica permite comparar los rostros captados en imágenes vídeo de vigilancia con las bases de datos.
No se trata de un hecho aislado. La asociación Big Brother Watch denuncia una "epidemia": centros comerciales en Manchester o Sheffield, un museo en Liverpool, muchos son los que recurren a esta tecnología.
Para unos se trata de un avance en la seguridad y para sus detractores, el reconocimiento facial es lesivo para los derechos fundamentales.
"Agresión"
Ed Bridges, de 36 años, espera con determinación su comparecencia ante el Tribunal Superior de Cardiff pues se ha querellado contra la policía galesa por haberle expuesto a esta tecnología cuando hacía sus compras de Navidad en 2017 y en una manifestación en 2018.
Se trata de la primera persona que recurre a la justicia británica por este asunto. La policía realizaba pruebas autorizadas que estaban bien señalizadas en pancartas. Pero este empleado de la Universidad de Cardiff dice a la AFP que se sintió "agredido, robado".
"¡Son mis datos! De la misma forma que no damos nuestras contraseñas, que no publicamos nuestros extractos bancarios en Internet, tenemos el derecho de que se respete nuestra vida privada y el Estado debería apoyar este derecho en vez de ponerlo en riesgo".
Para su abogada Megan Goulding, de la organización de defensa de los derechos humanos Liberty, el reconocimiento facial supone, sobre todo, un fuerte riesgo "de autocensura" para los ciudadanos expuestos a una tecnología de vigilancia tan avanzada.
Según un sondeo encargado por ICO a principios de año, esta práctica cuenta con un amplio apoyo de la población: más del 80% de las personas interrogadas son favorables a que la policía la utilice.
Lista "dirigida"
Cuando la policía recurre al reconocimiento facial, se basa en una "lista de vigilancia" de personas buscadas. Las cámaras de vigilancia traducen los rasgos de las caras de los transeúntes en una versión digital, comparados a los datos de esta lista. Si el "resultado de similitud" es bastante alto, procede al control.
En el caso de Ed Bridges, el Tribunal Superior de Cardiff rechazó su demanda en primera instancia, al considerar que la vigilancia está suficientemente "direccionada" pues se dirige a "personas sospechosas de estar implicadas en delitos" y el demandante no estaba entre ellas.
Pero Elizabeth Denhamn, comisaria de ICO, considera que no se puede utilizar la tecnología de manera indiscriminada por lo que insta a las autoridades a "ralentizar" su desarrollo mientras se crea un marco legal claro para estas prácticas.
Con 420.000 cámaras de vigilancia en las calles, Londres es particularmente propicio al despliegue del reconocimiento facial, según un estudio del círculo de reflexión estadounidense Brookings Institution (2017), solo por detrás de Pekín que cuenta con 470.000 cámaras.
La policía ha realizado varias pruebas. Daragh Murray, especialista de derechos humanos de la Universidad de Essex, considera su metodología "inadecuada". "La gente que se negaba a participar, que cubría sus rostros (...) eran tratados como sospechosos y la policía los detenía y les pedía sus documentos", dice.
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Sobre todo, esta tecnología constituye "un auténtico cambio en el equilibrio de poderes entre el Estado y los ciudadanos" al aumentar "considerablemente el nivel de conocimiento que el Estado puede obtener" de aquéllos, sostiene Murray, interrogado por la AFP.
"Se trata sobre todo de saber si es una ingerencia legítima o una violación ilegal" de la vida privada. Al igual que ICO, aboga por la adopción de un marco legal para controlar el despliegue de la tecnología. Este profesor asegura que "estamos en la primera generación del reconocimiento facial, utilizado para identificar a gente que reconocemos, pero la futura generación será capaz de identificar a gente que no conoce".
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