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La Fiscalía General de la República de México (FGR) abrió un proceso de análisis formal tras recibir información de autoridades estadounidenses que vincularía al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con presuntas conductas delictivas, en un caso que podría escalar hacia solicitudes de detención y eventual extradición.
El vocero del organismo, Ulises Lara López, confirmó en un mensaje a medios que la institución revisará a fondo la investigación remitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el objetivo de determinar si existen elementos suficientes que respalden las acusaciones no solo contra el mandatario estatal, sino también contra otros nueve funcionarios, entre ellos mandos policiacos.
“Se analizará la investigación recibida […] para verificar si existen los datos de prueba necesarios”, explicó Lara López, al subrayar que el proceso no es automático y que debe ajustarse estrictamente al marco jurídico mexicano.
La Fiscalía trabajará con la DEA
De manera paralela, la FGR iniciará una indagatoria propia para evaluar la solidez de las pesquisas realizadas por el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas (DEA). Este paso es clave, ya que permitirá determinar si los señalamientos cuentan con sustento suficiente para avanzar en territorio nacional.
El funcionario enfatizó que la legislación mexicana establece requisitos claros para proceder con una orden de aprehensión, entre ellos la presentación de datos de prueba que permitan inferir la probable comisión de un delito. “Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba”, sostuvo.
Además, recordó que el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos también fija condiciones precisas. “Solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida”, puntualizó, dejando claro que cualquier decisión dependerá del análisis jurídico interno.
¿Qué dice la acusación?
De acuerdo con el documento judicial presentado por fiscales federales de EEUU, los implicados enfrentan cargos por tráfico de estupefacientes y delitos relacionados con armas de fuego. Las autoridades sostienen que, desde sus posiciones dentro del aparato estatal, habrían facilitado la operación del grupo criminal, permitiendo la distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos.
“Para proteger y que creciera su imperio de tráfico de drogas, se presume que el cártel ha colaborado con políticos corruptos y autoridades, incluyendo a los acusados”, señala la acusación. El texto agrega que estos funcionarios “han abusado de su autoridad para dar apoyo al cártel […] y han vendido sus cargos a cambio de sobornos masivos”, además de presuntamente participar en actos de violencia, incluyendo represalias contra rivales y ataques contra personas sospechosas de colaborar con agencias estadounidenses.
Entre los señalados figuran nombres clave del aparato político y de seguridad de Sinaloa, como el exsecretario general de gobierno Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; el subfiscal Dámaso Castro Zaavedra; y mandos policiacos como Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”. También aparece el actual alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como otros responsables de seguridad pública estatal y municipal.
El expediente incluye además acusaciones particularmente graves contra Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante policiaco, a quien se le imputan delitos relacionados con el secuestro de una fuente de la DEA y un familiar de esta, hechos que derivaron en la muerte de ambas personas.
Uno de los elementos que refuerzan la acusación es la incorporación de registros internos del propio cártel, específicamente una presunta “narconómina” en la que se detallan pagos mensuales a funcionarios identificados con nombres clave. Según el documento, estos registros fueron obtenidos en México, lo que sugiere la cooperación de una fuente con acceso directo a la contabilidad de la organización criminal.
Asimismo, el Departamento de Justicia estadounidense sostiene que durante la gestión de Gámez Mendívil, iniciada en junio de 2022, el alcalde habría recibido sobornos a cambio de ordenar a la policía municipal no interferir en las operaciones de una de las facciones del cártel, conocida como Los Chapitos.
Las autoridades estadounidenses subrayan que todos los acusados ocuparon cargos de alto nivel, lo que —según la fiscalía— habría permitido configurar una red de protección institucional en favor del Cártel de Sinaloa, facilitando sus actividades ilícitas y obstaculizando acciones de las fuerzas de seguridad.
