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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra siete diputados del Parlamento de Venezuela, entre ellos Luis Parra, un opositor autoproclamado jefe del Legislativo en paralelo a la reelección de Juan Guaidó a la cabeza del organismo.
"El Tesoro designó a siete funcionarios corruptos de la Asamblea Nacional que -a instancias de Maduro- intentaron bloquear el proceso democrático en Venezuela", dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Parra juró el 5 de enero como jefe de la Asamblea Nacional, con el apoyo del chavismo, una acción que el grueso de la oposición venezolana denunció como un "golpe de Estado parlamentario", en un contexto en que más de 50 países liderados por Estados Unidos no reconocen al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y consideran a Guaidó como mandatario interino.
La elección de Guaidó se produjo en medio de caos, después de que agentes del Estado le impidieran entrar al Palacio Legislativo y los diputados de la oposición tuvieron que votar en otro lugar.
Entonces Parra, un legislador opositor que rompió con Guaidó hace un mes tras ser salpicado por denuncias de corrupción, se autoproclamó como jefe del Parlamento, en una sesión sin quorum, en la que fue apoyado por el partido de Maduro.
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Parra fue acusado por el Tesoro de seguir intentando "obstruir" el funcionamiento del Parlamento.
En Venezuela, el Parlamento es el único poder en manos de la oposición, pero en sus filas han sufrido divisiones y, además, una treintena de legisladores se exiliaron o se refugiaron en sedes diplomáticas después de procesos judiciales contra ellos.
"Inaceptable"
Guaidó y Estados Unidos afirman que el Gobierno de Maduro ofreció sobornos a miembros de la Asamblea Nacional, con el objetivo de derrotar al líder opositor.
Los otros diputados sancionados son Franklyn Duarte y José Noriega, designados en la votación en la que Parra se autoproclamó como primer y segundo vicepresidente del Parlamento y José Brito, Conrado Pérez, Adolfo Superlano y Negal Morales.
Parra y Brito están acusados de cabildear ante autoridades de Colombia y Estados Unidos a favor del empresario colombiano, Carlos Lizcano, para librarlo de responsabilidades en casos de presuntos sobrecostos en la importación de alimentos para el Gobierno de Maduro.
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Tras las denuncias, ambos rompieron con Guaidó pero aseguran que siguen estando contra Maduro.
"Rechazamos de forma enérgica y categórica las sanciones (...) Resulta inaceptable que países extranjeros pretendan condicionar la actuación y libertad de conciencia de nuestros parlamentarios", reaccionó Parra a las sanciones en un comunicado.
Las sanciones impiden el acceso de los designados al sistema financiero estadounidense y determinan la congelación de sus activos en este circuito financiero, además de prohibir las transacciones con ciudadanos estadounidenses.
