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Los ecuatorianos votaron el domingo para elegir autoridades locales en un proceso marcado por el asesinato de dos candidatos y resolver en un referendo si aceptan la extradición de connacionales para combatir la criminalidad.
Tras diez horas de votación, no se divulgaron resultados. Las autoridades electorales tienen diez días para el escrutinio y proclamar los resultados.
Una encuesta de la empresa Cedatos, cerrada el sábado y cuyos resultados fueron divulgados por medios tras concluir el sufragio, arrojó un 66% a favor del Sí a la extradición.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo que el 80,74% de unos 13,4 millones de los habilitados participó en las elecciones y el referendo convocado por el presidente Guillermo Lasso.
En plena guerra contra el narcotráfico, Lasso votó en su natal Guayaquil (suroeste), donde marcó el Sí en las ocho preguntas que propuso para la consulta, entre ellas la de permitir la entrega de connacionales involucrados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico y la corrupción.
Los ecuatorianos también eligieron unas 5.700 autoridades locales como alcaldes, concejales municipales y prefectos (gobernadores) provinciales, que asumirán en mayo para cuatro años.
La jornada constituye una prueba para Lasso, un exbanquero de derecha en el poder desde 2021 y cuya impopularidad ha alcanzado un 80%. La votación se dio en un contexto de creciente violencia ligada al narco.
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- Democracia sin violencia -
El sábado fue asesinado el candidato Omar Menéndez, de 41 años y quien se postuló para la alcaldía de Puerto López (oeste) por el movimiento opositor Revolución Ciudadana, afín al exmandatario izquierdista Rafael Correa (2007-2017, que vive en Bélgica).
Hace quince días, Julio César Farachio, aspirante a la alcaldía de Salinas (suroeste), también fue muerto a tiros.
Al igual que el gobierno y el CNE, la misión de observadores de la OEA condenó el reciente asesinato. "En la democracia no cabe la violencia política", declaró a la prensa el líder de la delegación internacional, el uruguayo Juan Pablo Corlazzoli.
Los ecuatorianos también designaron a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un ente que nomina al fiscal y al contralor.
Lasso convocó en noviembre al referendo sobre diversos temas de seguridad, política y medioambiente para, según apuntó luego de sufragar, "fortalecer los mecanismos para controlar y mantener la seguridad".
La primera pregunta se refiere a la extradición de ecuatorianos, lo que está prohibido desde hace ocho décadas.
"El país está marcado por la inseguridad y esto es por las mafias criminales que se desarrollan en el país", manifestó a la AFP el abogado Jorge Cevallos, de 63 años, al acudir a votar en Quito.
El Ejecutivo sostiene que la extradición será una herramienta para desmantelar más de una veintena de bandas criminales, algunas con nexos con cárteles mexicanos según autoridades.
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- Desigualdad y pobreza -
El objetivo no declarado es la entrega a Estados Unidos de narcos, quienes correrían el riesgo de permanecer allí presos muchos años. El vecino Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, aplica esta medida desde la década de 1990.
Al tiempo que ha crecido el narcotráfico en Ecuador (200 toneladas de droga incautadas en 2022), ha aumentado la violencia. Las cárceles son escenario recurrentes masacres entre presos rivales, que dejan más de 400 muertos desde 2021.
Y en un país de 18,2 millones de habitantes, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25.
"El gobierno ha tratado de posicionar dos cuestiones fundamentales (...) Uno es la inseguridad con la pregunta sobre extradición y segundo la reducción del número de asambleístas (ahora de 137)", dijo a la AFP el politólogo Santiago Cahuasquí, de la Universidad Internacional Sek.
El referendo también abordó iniciativas como el control a movimientos políticos, algunos bajo sospecha de ser parte del narcotráfico, la incorporación de los sistemas hídricos a las áreas protegidas, para luchar contra la minería ilegal, y la entrega de compensaciones para quienes protejan el medioambiente.
El Congreso tendrá un año para implantar los cambios constitucionales que sean aceptados.
Cahuasquí señaló que la consulta se da en un "escenario desfavorable" para Lasso.
"Es un contexto político de frágil gobernabilidad, es un contexto económico marcado por la desigualdad y la pobreza, y es un contexto social marcado por la inseguridad por la presencia del crimen organizado", dijo.
