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En un clima de alta tensión y tras casi 20 horas de discusión, la Cámara de Diputados de la Nación dio luz verde al proyecto de Ley Bases impulsado por el gobierno de Javier Milei, aprobando en general con 142 votos a favor, 106 en contra y cinco abstenciones. Esta decisión marca un punto de inflexión en la prematura gestión de Milei, quien hasta ahora enfrentaba un Congreso reacio a sus propuestas más radicales.
El proyecto, que había sido presentado en una versión más ambiciosa en diciembre y no prosperó por falta de apoyo, consiguió la aprobación gracias a la adhesión de bloques aliados como el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica, además de los votos de los ocho diputados de Innovación Federal y Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino.
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En contraparte, la oposición liderada por Unión por la Patria, algunos sectores de la izquierda y disidentes dentro de los bloques radicales, como Facundo Manes y compañía, se posicionaron en firme contra la medida. Sergio Acevedo, Roberto Mirabella y Álvaro González se ausentaron en la votación, dejando entrever las fracturas y tensiones existentes incluso dentro de los partidos.
El texto aprobado establece una emergencia pública en múltiples áreas como la administrativa, económica, financiera y energética, extendiéndose por un año. Además, le otorga al Ejecutivo el poder de reorganizar, fusionar o incluso disolver entidades de la administración central, salvaguardando a una quincena de organismos esenciales tras críticas de la oposición.
Uno de los puntos más controvertidos es la reforma laboral propuesta, que busca flexibilizar las condiciones de contratación, extendiendo el período de prueba hasta un año para las PyME y eliminando multas por registros laborales inadecuados. Además, se establece la posibilidad de crear un Fondo de Cese Laboral como alternativa al actual régimen de indemnizaciones.
Por otro lado, el proyecto introduce un ambicioso Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos que superen los 200 millones de dólares, y plantea la privatización de empresas estatales, incluyendo a Aerolíneas Argentinas. Miguel Ángel Pichetto, defensor de estas medidas, señaló que no se trata de una "entrega de la soberanía" sino de una estrategia para "atraer inversiones y desarrollar el país", instando a Milei a mantener un diálogo constructivo con el Congreso.
Rodrigo de Loredo, líder del bloque de la UCR, aunque apoyó la iniciativa, hizo un llamado a la cautela, recordando los abusos del sistema privatizador de los noventa y asegurando un seguimiento riguroso del nuevo régimen. En respuesta, Cristian Ritondo de Pro justificó el apoyo al proyecto afirmando que varias de las medidas propuestas fueron parte de su campaña electoral.
Por el contrario, Leopoldo Moreau de Unión por la Patria criticó duramente la propuesta, prediciendo un escenario de corrupción y cuestionando la necesidad del Estado en el contexto de una gestión privatizadora.
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Al cierre del debate, Gabriel Bornoroni de La Libertad Avanza agradeció el apoyo de los bloques aliados y defendió la reforma como beneficiosa para los trabajadores, enmarcando la reducción del Estado como sinónimo de mayor libertad.
Mientras tanto, en las afueras del Congreso, manifestantes convocados por sindicatos y partidos de izquierda expresaron su rechazo al proyecto, augurando una serie de conflictos sociales derivados de las políticas que ahora comenzarán a implementarse.
Tras la aprobación en Diputados, el proyecto deberá enfrentar ahora el desafío del Senado, donde el oficialismo no cuenta con mayoría y ya ha experimentado reveses significativos. Javier Milei, por su parte, celebró los resultados como un avance hacia sus prometidos "logros económicos" y reiteró su compromiso de seguir adelante con o sin el apoyo legislativo.
