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El movimiento indígena y el gobierno de Ecuador abren este domingo el diálogo para intentar solucionar la violenta crisis que estalló hace 12 días a causa de los ajustes económicos acordados con el FMI.
Las partes hablarán en Quito donde la víspera las protestas contra las medidas degeneraron en una ola de caos, con el edificio de la Contraloría en llamas y dos medios asaltados por encapuchados, lo que llevó al gobierno a imponer el toque de queda en la ciudad.
Este domingo las autoridades flexibilizaron por unas horas la prohibición de circular. Decenas de manifestantes regresaron a las calles y prendieron fogatas, y en algunos puntos la policía lanzó gases lacrimógenos para frenar su avance, aunque no se registraron choques tan violentos como los del sábado.
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Venidos de varios puntos del país, los indígenas, que se desligaron de las acciones violentas, se replegaron en la noche ante el toque de queda que volverá a regir plenamente a partir de las 20H00 (01H00 GMT del lunes). Pero, según su dirigencia, se mantendrán en la ciudad hasta alcanzar un acuerdo sobre la eliminación de subsidios que incrementó hasta un 123% los precios del diésel y la gasolina. "Nos mantenemos en Quito, no solo los dirigentes sino también las bases, y nos mantendremos hasta que haya una solución", expresó a la AFP Salvador Quishpe, quien integra la comisión política de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
La organización aborigen espera salir con un acuerdo que revoque o dé paso a la revisión del decreto sobre el fin de los subsidios. Esperamos "un punto de equilibrio, y eso podría ser que no suba como subió (el combustible), sino en un porcentaje menor", añadió Quishpe.
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El presidente Lenín Moreno, que ofreció a los indígenas un diálogo directo, está en Guayaquil, adonde trasladó la sede presidencial tras decretar el estado de excepción nacional el 3 de octubre y movilizar a las Fuerzas Armadas. Con la ayuda de la ONU y la Iglesia católica, las partes debían reunirse a partir de las 15H00 (20H00), pero el inicio se demoró por "dificultades operativas", según el primer organismo.
Múltiples destrozos
El presidente agradeció la decisión de los pueblos originarios de sentarse finalmente a dialogar después de rechazar una primera invitación. El diálogo sigue a las protestas más violentas que se recuerden en Ecuador en mucho tiempo. "Es un día triste para el Ecuador, para Quito, para la historia de nuestro país", lamentó el sábado el mandatario en un mensaje a la nación.
Este domingo podían verse grandes destrozos en puntos de la ciudad. Sobre una vía aún estaba el esqueleto de un vehículo policial devorado por las llamas. El papa Francisco dijo que "sigue con preocupación" la situación en Ecuador y alentó a "buscar la paz social", antes del rezo del Ángelus.
Desde que estallaron las manifestaciones se han registrado siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos, según el balance más reciente de la Defensoría del Pueblo. La protesta que estalló el 2 de octubre también mantiene interrumpido el transporte de petróleo -la mayor fuente de divisas- por el principal ducto del país, debido a la ocupación de pozos en la Amazonía.
Fuerzas oscuras
Amparado en la figura de excepción, que en principio permite restringir algunos derechos por 30 días, el gobierno ya había dispuesto el toque de queda nocturno alrededor de los edificios públicos capitalinos. El sábado Moreno acusó a su antecesor Rafael Correa y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de estar tras la violencia. Ambos líderes se han burlado antes de señalamientos similares.
"Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro -en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos- causaron zozobra, violencia nunca antes vista", expresó. Desde Bélgica, donde elude una orden de captura, Correa escribió en Twitter que "Moreno no solo no puede seguir gobernando. ¡Tiene que ser juzgado por sus crímenes!".
En el poder desde 2017, el mandatario enfrenta su mayor crisis por las reformas que convino con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de Correa. Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos.
Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y principalmente trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para transportar sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.
