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En medio de una intensa ola de protestas posteriores a las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, la asociación civil Espacio Público ha documentado una preocupante tendencia: la anulación de pasaportes de periodistas y activistas de derechos humanos.
Carlos Correa, director de la organización, informó a la cadena CNN que han registrado al menos 16 casos de esta naturaleza, lo que representa un aumento significativo en comparación con situaciones anteriores, aunque aclara que "no tiene elementos para afirmar que se trate de bloqueos masivos". Esta situación, que genera temor y angustia entre los afectados, evidencia una posible escalada en la represión gubernamental.
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La mayoría de los denunciantes han solicitado que se mantenga en reserva su identidad, temiendo represalias mayores por parte de las autoridades venezolanas. Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa han sido los principales receptores de estas denuncias, las cuales reflejan un patrón preocupante en el país.
Entre los casos más recientes destaca el de un activista de derechos LGTBI que fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Horas después, fue liberado, pero su pasaporte fue anulado. Este tipo de medidas no son nuevas en Venezuela, ya que entre 2016 y 2019 se reportaron varios incidentes similares en los que políticos, periodistas, artistas y activistas de derechos humanos fueron afectados por la anulación de sus documentos de viaje. Sin embargo, la escala y el contexto en el que están ocurriendo estas acciones en la actualidad generan inquietud tanto dentro como fuera del país.
La ONG Laboratorio de Paz, que también ha estado documentando estos casos, ha informado que el número de denuncias podría ser aún mayor, llegando a 25 según su registro. Lexys Rondón, vocera de la organización, explicó al medio estadounidense que esta situación "es la puesta en práctica de un patrón que con mayor amplitud venía sucediendo". La mayoría de las denuncias recopiladas por Laboratorio de Paz provienen de venezolanos que se encuentran en el extranjero y que han descubierto que sus pasaportes fueron cancelados sin previo aviso.
Un ejemplo es el del periodista venezolano Jefferson Díaz, quien actualmente reside en Ecuador. En una entrevista con el programa Conclusiones, Díaz relató que su pasaporte, junto con los de su esposa e hijos, fueron anulados, a pesar de que aún les quedaba tiempo de validez. Díaz no ha recibido ninguna notificación formal sobre la anulación y sospecha que esta medida podría estar relacionada con su activismo en temas migratorios.
Otro caso es el de Luis Magallanes, coordinador del partido opositor Voluntad Popular en Ecuador. Magallanes compartió con CNN una captura de pantalla de su pasaporte, que fue emitido en 2022 con una vigencia de 10 años, pero que ahora aparece anulado en el portal del Saime. Magallanes, quien ha sido un crítico abierto del régimen venezolano y ha participado en foros internacionales para visibilizar la lucha en su país, no duda en calificar esta acción como una "retaliación política".
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"Genera preocupación y angustia porque sin duda alguna esto es una forma de retaliación política que ahora está aplicando el régimen, al igual que se lo aplica a las personas que ahora están en Venezuela agarrándole los celulares, deteniéndolos", expresó Magallanes, quien ha sido detenido tres veces en Venezuela por su activismo político y trabajó en el gobierno interino de Juan Guaidó.
Desde Chile, Romer Rubio, otro venezolano afectado, relató una experiencia similar. Rubio, quien recibió su pasaporte en 2023 con una vigencia hasta 2033, descubrió que su documento había sido anulado poco después de las elecciones presidenciales. Rubio, que ha utilizado su cuenta de Instagram @romerrubio para denunciar la situación, cree que su activismo político y sus críticas en redes sociales a los resultados electorales podrían haber motivado esta medida.
