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En Nicaragua están expulsando a las comunidades religiosas, pues el presidente Daniel Ortega, abiertamente sandinista, les retiró su personería jurídica, obligándolas a salir del país centroamericano y señalándolas de graves delitos.
Uno de los documentos de la filtración de WikiLeaks mostraba la conversación del embajador de Estados Unidos en Managua, Nicaragua, y la jefa local de Policía.
"Ortega cree que aparentemente hay un grupo de monjas viejas rezando para su asesinato y esto lo mira como una acción amenazante", fragmento del documento del 27 de abril de 2007.
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Tiempo después, en año electoral, el mismo Ortega era noticia mundial por varios temas, entre ellos, la particular orden a una comunidad religiosa de monjas.
Para junio del 2022 las monjas de la "Orden Misioneras de la caridad", comunidad que fundó la madre Teresa de Calcuta, recibieron un sobre con un mensaje del Ministerio de Gobierno, acusando a su comunidad y a 50 organizaciones más por el supuesto incumplimiento a las normas de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con esta acusación, por orden presidencial, determinaron cancelar su personería jurídica, dadas las circunstancias, dichas organizaciones religiosas se vieron obligadas a empacar sus maletas e irse del país.
Otra de las comunidades afectadas por dichas acusaciones es la de las monjas trapenses, quienes después de 22 años de presencia en Nicaragua y que continuarán su misión pastoral en Panamá, salieron escoltadas del territorio gobernado por Ortega.
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La decisión fue tomada una semana después de que el presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, calificara de "mafia" a los sacerdotes, obispos, cardenales y al papa Francisco.
"Nosotras, las hermanas trapenses de Nicaragua, hemos dejado voluntariamente el país por motivos de la Orden, falta de vocaciones, ancianidad de varias hermanas", indicaron a través de sus redes sociales.
Así mismo, explicaron que su destino sería Panamá, las religiosas fueron escoltadas por la Policía hasta la frontera y cruzaron a pie hacia el país vecino, Costa Rica, tras cerrar sus puertas y abandonar las obras benéficas que realizaban en el país.
Cabe destacar que las monjas trapenses habían llegado a Nicaragua el 20 de enero de 2001.
Las primeras en abandonar el país fueron 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, que dejaron Nicaragua en julio del año pasado después de que la Asamblea Nacional (Parlamento), bajo el control de los sandinistas, y a petición del Ejecutivo, les cancelara su personalidad jurídica.
Dos años de Ortega Vs iglesia católica
Ortega calificó la noche del 21 de febrero de "mafia" a la Iglesia católica y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.
En 2022, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y mantuvo bajo arresto a ocho sacerdotes, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, quien fue sustraído por agentes policiales la madrugada del viernes 19 de agosto, junto a otros cuatro presbíteros, dos seminaristas y un camarógrafo del palacio episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados.
El obispo Álvarez, muy crítico con el Gobierno de Ortega, fue condenado el pasado 10 de febrero a 26 años y cuatro meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados "traición a la patria", tras negarse a ser desterrado a Estados Unidos.
Así mismo, la Policía prohibió la semana pasada a la Iglesia católica celebrar las procesiones de viacrucis durante la Cuaresma y la Semana Santa.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 44 años.
