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El Gobierno español aprobó hoy una gran paquete de medidas económicas para ayudar a los colectivos más vulnerables por la crisis desencadenada por la pandemia del coronavirus, como las pymes, los trabajadores autónomos o los desempleados.
Así, el Ejecutivo español acordó lanzar hoy un tercer paquete de 50 medidas para facilitar la viabilidad de pymes y autónomos y proteger a los colectivos más vulnerables frente al desempleo o a obligaciones financieras como la devolución de los créditos al consumo, además de prohibir los cortes de suministros de energía y agua.
Entre esas medidas destacan los subsidios de desempleo extraordinarios para las empleadas del hogar y los trabajadores temporales por final de contrato, moratorias en el pago de las cotizaciones sociales para autónomos y pymes, ampliación del periodo de pago de hipotecas a locales y oficinas de autónomos, aplazamiento de tres meses en los pagos de créditos al consumo, una mayor protección a los inquilinos y la prohibición de cortar el suministros de luz, gas y agua mientras dure el estado de alarma, que comenzó el pasado 15 de marzo y se prorroga hasta el próximo 12 de abril.
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Otras medidas adoptadas por el Gobierno español se destinan a los afectados por la crisis del coronavirus que no puedan pagar el alquiler de su vivienda, como una reducción del 50 % si los arrendadores son grandes propietarios, microcréditos públicos a devolver hasta en diez años, la suspensión de los desahucios y la prórroga de contratos durante seis meses.
Además el Gobierno decretó que estas medidas se prorroguen hasta un mes después del fin del estado de alarma.
Son medidas para "reforzar el escudo social frente al coronavirus”, explicó el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, pero también para sostener el tejido productivo y el empleo, y facilitar la futura recuperación de la actividad, según afirmó la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Calviño reconoció el impacto que sobre la economía tienen las restricciones adoptadas para frenar la pandemia, pero ha incidido en que no se pueden contraponer economía y salud, y que la prioridad es atajar un problema sanitario "que no es compatible con el buen funcionamiento de la economía".
Para ayudar a autónomos y pymes se ha aprobado una moratoria de seis meses sin intereses ni recargos para el pago de las cotizaciones sociales correspondientes a los meses de mayo, junio y julio, y el aplazamiento del pago de las deudas a la Seguridad Social hasta el 30 de junio de este año.
Para proteger a colectivos más vulnerables en una situación de desempleo se ha aprobado un subsidio extraordinario para empleadas del hogar que pierdan el empleo u horas de trabajo y que tiene carácter retroactivo si la causa es la actual crisis sanitaria.
Asimismo, se establece un subsidio extraordinario único de 440 euros para quienes tuviesen un contrato temporal de duración de al menos dos meses, que se hubiese extinguido tras la declaración del estado de alarma, y que no alcancen el periodo de cotización mínimo para percibir una prestación por desempleo.
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Se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico, al que podrán acogerse de forma excepcional las personas que se hayan visto afectadas por medidas de regulación de empleo de sus empresas o, en el caso de autónomos, haber cesado su actividad o visto reducidos sus ingresos en más de un 75 %.
