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El Gobierno francés se enfrenta a un rompecabezas adicional en la gestión de la crisis del coronavirus por el llamado derecho de retirada, al que se han acogido algunos trabajadores, como los del Museo del Louvre o los conductores de autobús, que se consideran expuestos a un riesgo de contagio.
El Ejecutivo galo trata de evitar que esa práctica se propague todavía más, en particular en el transporte, lo que podría generar un caos si millones de personas se vieran privados de los servicios de metro, tren, tranvía o autobuses.
La ministra de Transportes, Elisabeth Borne, y el titular de Sanidad, Olivier Véran, han insistido en que ese derecho de retirada no se aplica en las empresas que cumplen con sus consignas.
El Museo del Louvre estuvo el domingo y el lunes sin recibir visitantes (el martes es el día de cierre semanal) porque sus empleados alegaron que la dirección no había tomado las disposiciones adecuadas con la situación, teniendo en cuenta que cada año reciben a unos 10 millones de personas.
Aseguran que los ampara un artículo del Código Laboral que garantiza ese derecho a ausentarse del trabajo cuando hay "un motivo razonable para pensar que presenta un peligro grave e inminente para su vida o su salud".
Lo mismo ha ocurrido el lunes y este martes con al menos dos centenares de conductores de autobús en el departamento de Essonne (en la región de París), que se han negado a ponerse al volante y reclaman medidas de higiene (entre otras cosas disponer de guantes) porque se sienten vulnerables al tratar en los vehículos con cientos de personas.
La dirección de la empresa concesionaria del servicio, Keolis, asegura que ha puesto a disposición de los empleados gel antiséptico y que los autobuses se desinfectan cada noche.
El derecho de retirada, a diferencia del de huelga, no necesita la presentación de una advertencia previa, sino que basta con señalar el riesgo que corre por mantenerse en su puesto de trabajo.
Además, también a diferencia de la huelga, tampoco conlleva la pérdida de salario y el trabajador no puede ser obligado a reanudar la actividad mientras estime que persiste el peligro.
Pero la compañía puede acudir a la instancia de contenciosos laborales si considera que ha habido un uso abusivo, y si los jueces le dan razón, el trabajador se expone a una retención de salario, pero también a una sanción que puede llegar al despido.
En la contabilidad oficial, hasta el lunes por la noche se tenían registrados 191 diagnósticos de coronavirus en Francia, con 3 muertos, un centenar de personas hospitalizadas, de las cuales una decena en reanimación.
El Gobierno no ha querido hasta ahora activar el tercer nivel de alerta, que correspondería al reconocimiento de la epidemia, aunque Véran ha admitido que esa situación ya "se perfila".
