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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió a la Corte Suprema de Justicia acabar con las medidas de restricción adoptadas para evitar la propagación de la covid en tres estados del país, pese a las altas posibilidades de que se registre una tercera ola de la pandemia en las próximas semanas, según expertos.
A través de la Oficina de Abogacía del Estado, el mandatario, uno de los líderes más negacionistas sobre la gravedad del virus, interpuso la víspera ante el Supremo una acción directa de inconstitucionalidad por las medidas de confinamiento y toque de queda impuestas por los gobiernos de Pernambuco, Paraná y Río Grande do Norte, tras el aumento de los contagios.
Según la petición, la "intención de la acción es garantizar la convivencia de los derechos y garantías fundamentales del ciudadano, como las libertades de ir y venir, el derecho al trabajo y la subsistencia, junto con los derechos a la vida y la salud de todo ciudadano, mediante la aplicación de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, democracia y estado de derecho".
La iniciativa argumenta que el cuidado de la salud "debe combinarse con la mínima protección de otras libertades fundamentales y, además, debe considerar los devastadores efectos que medidas extremos y prolongadas traen para la subsistencia de las personas, la educación, las relaciones familiares y sociales y para la propia salud -física y emocional- de la población".
Con más de 456.00 muertos y 16,3 millones de casos de covid-19 confirmados, Brasil es uno de los países más azotados por la pandemia, y es el segundo en fallecimientos, después de Estados Unidos y el tercero en contagios, detrás del país norteamericano e India.
A comienzos de mayo, el líder de la ultraderecha brasileña llegó a advertir que podía dictar un decreto para garantizar a los ciudadanos la "libertad" de "trabajar" e "ir y venir", en las regiones donde hubiera restricciones por la covid.
"En las calles se empieza a pedir que el Gobierno decrete. Y si decreto, eso se cumplirá y no podrá ser suspendido por ningún tribunal", declaró entonces en una clara alusión a la Corte Suprema, que desde el año pasado ratificó la potestad constitucional de gobernadores y alcaldes para suspender actividades para contener los contagios de coronavirus.
