La FM en Google News
Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron el pasado viernes a un hombre que se hizo pasar por médico en un hospital para abusar de una adolescente de 16 años.
La Policía Nacional Civil, que capturó a Aroldo Marcos Jiménez en un barrio del departamento de Jalapa, dijo que el hombre "le tocó sus partes íntimas" a la menor.
Según la investigación, Jiménez, de 41 años, trabaja como conserje en un centro asistencia de este departamento, a donde la niña ingresó al área de maternidad.
Fue en ese momento cuando el detenido "se hizo pasar por el médico de turno" y la llevó a un baño donde "le tocó sus partes íntimas".
Lea también: Poste de luz salva de la muerte a un hombre atacado por sicarios
La adolescente, al darse cuenta de que no era médico, lo denunció a un agente policial que se encontraba de servicio en la emergencia del centro y por ello, con el apoyo del Ministerio Público, se coordinó su detención.
Ahora, las autoridades han anunciado que continuarán con la investigación en contra de Jiménez, quien será puesto a disposición judicial.
En 2018 fueron asesinadas 794 mujeres en Guatemala, lo que supone 2,17 al día, y cada 60 minutos se denuncia una violación, pues solo el año pasado se registraron 8.694 denuncias, 23,82 al día.
En la capital, casi la totalidad de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual durante su vida y el 87 por ciento asegura que los comentarios de connotación sexual sobre sus cuerpos "no son un halago".
Le puede interesar: Mujer que usó crema rejuvenecedora adulterada cayó en coma
Estos datos colocan a Guatemala como uno de los cinco países con cifras más altas de agresión machista en Latinoamérica y el Caribe, considerada la región más violenta del mundo para las mujeres.
A nivel regional, dos de cada 5 mujeres sufren violencia machista, alrededor del 30 por ciento ha sido víctima de agresión sexual por parte de su pareja y el 10,7 por ciento sufrió violencia sexual fuera de la pareja.
La violencia contra la mujer en Guatemala está en todos los ámbitos y es el delito más denunciado por la Fiscalía -unas 56.000 al año-, pero según diversas organizaciones la respuesta del Estado sigue siendo débil para acabar con este problema.
