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La comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español instó este lunes al Gobierno del socialista Pedro Sánchez a condenar "las violaciones de derechos humanos y represión del régimen venezolano de Nicolás Maduro", promover su condena y pedir que la Unión Europea (UE) aumente las sanciones contra el mandatario.
Además, la comisión emplazó al Ejecutivo español a apoyar el informe elaborado por la ONU sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y a reiterar su compromiso y apoyo a la oposición política venezolana.
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Estos son algunos de los puntos incluidos en una proposición no de ley defendida este lunes por el conservador Partido Popular (PP), que fue apoyada por la comisión en todos sus puntos, salvo en el relativo a la necesidad de emprender acciones judiciales ante la justicia española, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional para que se investiguen los hechos recogidos en el informe.
La iniciativa aprobada también plantea la necesidad de que el Ejecutivo español exija al Gobierno de Venezuela la “inmediata liberación de todos los presos políticos” que no han sido juzgados o han sido condenados “de forma arbitraria y sin las más mínimas garantías procesales de imparcialidad”.
Además, insta al Gobierno de Pedro Sánchez a “rechazar de forma contundente” la celebración de elecciones parlamentarias en Venezuela el próximo 6 de diciembre “si no se dan las condiciones democráticas suficientes”.
La comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó también una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista sobre “el papel de España en Iberoamérica en relación con los derechos humanos”, por la que se insta a impulsar los organismos multilaterales para lograr acuerdos que “favorezcan la aplicación de políticas en favor de los derechos humanos y de respeto al Estado social y democrático de Derecho”.
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Además, pide impulsar medidas destinadas a “prevenir, gestionar y reparar los efectos adversos que la acción empresarial pudiera tener sobre los derechos humanos” en esa región y velar por que el comercio internacional sea “respetuoso” con el desarrollo humano y los derechos humanos, laborales y sociales, así como con las normas medioambientales.
