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Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se opuso este lunes a ser extraditada con el argumento de que es objeto de una persecución política en su país, mientras que la Fiscalía española defendió que sea entregada, sin entrar en el fondo de los hechos.
De esta manera Díaz Guillén trató de convencer a los jueces de la Audiencia Nacional de España que deben decidir sobre su entrega a las autoridades venezolanas, que la reclaman por supuestos delitos de blanqueo de capitales.
Díaz Guillén salió de Venezuela en 2013, poco después de la muerte de Chávez.
Su abogado, Ismael Oliver, expuso que existen "fundadas sospechas de persecución política" y "serias dudas" sobre la validez de la reclamación, ya que la orden de detención que llevó al arresto de la enfermera en España fue anulada meses después por una instancia judicial superior, sin que Venezuela lo comunicara.
Por eso cree que las autoridades venezolanas han tratado de engañar a la Justicia española, con quiebra del principio de confianza mutua entre Estados.
El letrado arguyó que la causa abierta contra su defendida se basa en una investigación del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), "un órgano que está sancionado y cuestionado -aseguró- por todos los organismos internacionales de Derechos Humanos".
El presidente del tribunal que estudia el caso, Alfonso Guevara, advirtió al letrado de que, en ningún caso, pueden los magistrados entrar en el fondo de la reclamación, y apuntó que el Consejo de Ministros español autorizó su tramitación.
La Fiscalía cree, por su parte, que se dan los requisitos necesarios para aceptar la extradición, sobre la que la Audiencia resolverá en los próximos días.
Díaz Guillén fue detenida en Madrid el pasado mes de abril junto a su marido, Adrián José Velásquez, que ejerció de jefe de seguridad de Chávez, y que también está reclamado por Venezuela por los mismos delitos, aunque su extradición se tramita en un procedimiento aparte.
El matrimonio fue puesto a disposición del juez español Fernando Andreu, que los dejó en libertad con la prohibición de salir de Madrid mientras se decide sobre su entrega.
Díaz Guillén, además de enfermera de Chávez, fue durante dos años tesorera del gobierno venezolano como responsable del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (FONDEN), de donde fue cesada al mes de que muriera el presidente.
En declaraciones a la prensa, su abogado atribuyó su destitución a que Díaz Guillén se negó a acatar entonces las órdenes de Nicolás Maduro -ahora presidente de Venezuela- al rechazar hacer firmar supuestamente documentos a Chávez cuando estaba ya en su lecho de muerte.
Díaz Guillén y su esposo están señalados en la investigación de los papeles de Panamá por supuestamente haber recibido ayuda del bufete Mossack Fonseca para "blindar" una fortuna no declarada, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en Twitter el pasado 10 de abril.
