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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) recomendó crear un mecanismo de investigación internacional para esclarecer la violencia durante la crisis política posterior a las elecciones de octubre pasado en Bolivia, que dejó 36 muertos, un informe que el Gobierno interino calificó de "sesgado".
En un informe publicado tras su visita al país, este ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) aconsejó crear un Grupo Internacional de Expertos Independientes, con "garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables".
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Tras las elecciones del 20 de octubre en las que el presidente Evo Morales buscaba un cuarto mandato, la oposición denunció "fraude" luego de una interrupción del conteo de votos de más de 20 horas, lo que desató una ola de protestas.
Morales, el primer mandatario indígena del país, dimitió el 10 de noviembre bajo presión de sus opositores y de las fuerzas de seguridad, que lo instaron a renunciar para permitir la "pacificación" del país. Tras pedir asilo en México, Morales denunció un "golpe de Estado".
Actualmente, en Bolivia hay un gobierno de transición encabezado por la exsenadora, Jeanine Áñez.
La Comisión indicó que en el contexto de la crisis y hasta el 27 de noviembre, tuvo noticia de 36 muertes en Bolivia.
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La Cidh denunció que durante su visita recibió abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas.
En la localidad de Sacaba, cerca de Cochabamba, la Comisión recibió información de que agentes policiales y militares abrieron fuego contra una manifestación pacífica para exigir el retorno de Morales, lo que dejó 9 muertos.
La CIidh apuntó que "existen diferentes versiones sobre la forma como tuvieron lugar los hechos", pero que numerosos testimonios recibidos son consistentes al indicar que los manifestantes de Sacaba estaban desarmados, avanzaban pacíficamente por iniciativa propia, y fueron agredidos de repente.
Según el organismo de derechos humanos, en la masacre de Senkata murieron nueve personas por impacto de bala cuando un grupo de partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, realizaba un bloqueo de una planta de hidrocarburos.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que el informe es "totalmente sesgado", aseguró que éste "no refleja la realidad", y dijo que favorece al "narcoterrorismo", término que el Ejecutivo interino utiliza para referirse a grupos de campesinos cocaleros leales a Morales.
En su informe final sobre las elecciones publicado a principios de diciembre, la OEA denunció una "manipulación dolosa" y una "parcialidad de la autoridad electoral".
Morales buscaba un cuarto mandato luego de lograr una habilitación especial a una prohibición constitucional y tras perder un referendo en 2016 que rechazó su reelección.
