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Las respuestas políticas a las profundas demandas sociales que grita la calle en Chile avanzan con lentitud, 40 días después de un estallido que lejos de apaciguarse se multiplica con focos de violencia y huelgas.
Este martes decenas de organizaciones sociales convocaron una huelga en diversas actividades productivas. La jornada empezó, sin embargo, casi normal con tráfico en las vías, que siguen sin semáforos y con barricadas en algunos puntos.
Casi todos los días terminan con choques entre encapuchados y policías e incendios y saqueos atribuidos a grupos vandálicos organizados.
Desde el inicio del estallido el 18 de octubre, los centros comerciales, casi plazas públicas para los chilenos, cierran más temprano debido a problemas del transporte público. En Santiago, donde viven unos 7 millones de habitantes, el metro tampoco ha recuperado su ritmo al 100%.
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Las movilizaciones, que este martes volvieron a ocupar la principal avenida de la ciudad, presionan al gobierno de Sebastián Piñera para que tome medidas rápidas, empezando por un aumento sustancial del salario mínimo, actualmente en unos 400 dólares. Los sindicatos reclaman que suban a al menos 500.000 pesos, es decir unos 660 dólares.
Toda salida política a la encrucijada chilena luce imposible en el clima de desorden público que sigue imperando más de un mes después del inicio de la crisis que ha dejado 23 muertos y más de 1.000 heridos, entre ellos más de 200 con lesiones oculares por perdigones lanzados por las fuerzas de seguridad.
El histórico acuerdo para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) arrancó optimismo hace poco más de una semana, pero las imágenes de barricadas nocturnas en vías públicas, los bloqueos en autopistas y saqueos en zonas comerciales de distintas ciudades del país opacan ese hito político y tiñen de desesperanza a buena parte de la población.
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"Hay demandas de largo plazo como la nueva Constitución vía asamblea constituyente; hay demandas sobre el derecho a salud, educación, vivienda, derecho a negociación colectiva, entre otras, pero también hay demandas muy precisas: un salario mínimo líquido de 500 mil pesos para el sector público y privado, una pensión mínima equivalente a este salario", reclamó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Bárbara Figueroa.
"Si la autoridad quiere dar señales claras, entonces lo que esperamos es que haya una agenda social ambiciosa y mucho más potente que lo que ahora se ha puesto sobre la mesa", añadió.
Piñera, hoy el presidente de Chile más impopular desde el retorno a la democracia en 1990, con un 12% de apoyo, asegura en cada intervención que "escucha con humildad las demandas de la calle", pero ninguna de sus propuestas apaga las protestas.
