Chavismo pide al Supremo que anule cualquier decisión que tome el Parlamento venezolano

El chavismo solicitó, además, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anule la juramentación de esos diputados opositores, electos por el estado Amazonas, cuya investidura el Supremo había suspendido cautelarmente tras una denuncia del gobernante PSUV por supuesto fraude en las votaciones.

El diputado chavista Pedro Carreño indicó a los periodistas a la salida del tribunal que en las tres demandas presentadas piden también al TSJ que ordene al Ejecutivo "la prohibición de publicar en la gaceta oficial cualquier acto que apruebe la Asamblea por estar viciada de nulidad absoluta".

Con esto el chavismo aspira, dijo Carreño, a "que por la vía jurídica se haga un llamado a la mesura, a la sindéresis, a la ponderación a esta junta directiva" del Parlamento, presidida por opositores.

Otro de los recursos presentados responde a la decisión adoptada por la nueva AN de investigar en una comisión la designación de una docena de magistrados por el Parlamento saliente, controlado por el chavismo, poco antes de perder el poder.

Esta decisión aprobada subroga "de manera fraudulenta facultades del poder ciudadano", afirmó Carreño y señaló que, una vez designadas las autoridades que integran el TSJ, solo pueden ser destituidas previa calificación de la Defensoría del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General.

Carreño aseguró que el desacato de la nueva AN la coloca "al margen de la Constitución, desconoce al Poder Ciudadano, desconoce el Poder Judicial" por lo que "lo que aplica es el principio de reciprocidad, y el resto de los poderes tendrán que desconocer a la AN".

En este sentido, en su criterio, la Asamblea "queda inhabilitada de hecho para interpelar, para llamar, para que los poderes de la república hagan caso omiso, y en esa ópera bufa, en ese circo que tienen montado, todo lo que se apruebe, lo que se legisle está viciado de nulidad", dijo.

Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, desestimó los señalamientos del oficialismo de que el órgano legislador incurrió en "desacato" al juramentar a los parlamentarios suspendidos.

Ramos Allup aseguró que para ejercer sus deberes constitucionales, los parlamentarios no pasan "por el tamiz de ningún otro poder".