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En un comunicado, la Cancillería colombiana manifestó su inconformismo con el gobierno del vecino país, y aseguró que “frente a la estigmatización por parte de las autoridades venezolanas, donde se califican algunas ciudades del territorio nacional, especialmente Cúcuta, como sede de actividades económicas al margen ley, el Gobierno colombiano rechaza enfáticamente tales calificativos”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que la semana pasada citó al Embajador de Venezuela en Colombia “para entregarle una comunicación oficial donde expresa su inconformismo por los calificativos que han sido emitidos por el Gobierno venezolano en los que reiteradamente culpan a Colombia por una situación económica que no se genera en nuestro país”.
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Añade el comunicado que el Gobierno colombiano resaltó "su voluntad de establecer un mecanismo técnico que asegure que los tenedores de bolívares, que obrando de buena fe, puedan ingresar al sistema financiero venezolano los billetes de 100 bolívares producto de su actividad comercial lega".
La cancillería subraya que los comerciantes cucuteños “han sido quienes más han ayudado a los miles de venezolanos que han venido al país en busca de alimentos y medicamentos en los últimos meses”.
Advierte que Colombia desarrolla y estimula un sistema económico de legalidad y que “para el caso particular de la frontera, las actividades económicas tradicionales y legales han facilitado la adquisición de bienes y servicios básicos que igualmente benefician a los más de seis millones de venezolanos que han ingresado a nuestro territorio desde el pasado 13 de agosto de 2016”.
Finalmente, la Cancillería reitera que es importante trabajar conjuntamente con el Gobierno de Venezuela "en la lucha contra la ilegalidad, que se nutre entre otros fenómenos, por el contrabando, la especulación y la corrupción que deben ser combatidos efectivamente en beneficio de los dos países".
