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Una operación conjunta entre la Policía Nacional de España y la Policía Judiciária, bajo la coordinación de Europol y Eurojust, permitió desarticular una organización criminal dedicada a introducir de forma irregular a trabajadores extranjeros en Europa, principalmente soldadores procedentes de Colombia y Perú, mediante el uso de documentación falsa.
La red habría gestionado la contratación fraudulenta de más de 1.000 personas, a quienes ofrecía supuestas oportunidades laborales en Portugal. Sin embargo, los trabajadores ingresaban al espacio europeo simulando ser turistas, en un esquema diseñado para evadir controles migratorios. Según las autoridades, las víctimas pagaban hasta 300 euros por trámites administrativos que en muchos casos nunca se completaban.
La investigación, iniciada en mayo de 2025, detectó que la estructura operaba a través de empresas portuguesas con presencia en España, que ofrecían soldadores cualificados a compañías del sector metalúrgico. Los contratos estaban redactados en portugués, idioma que los trabajadores no comprendían, lo que facilitaba engaños y abusos. Además, laboraban sin afiliación a la seguridad social y sin garantías mínimas de seguridad, lo que derivó en accidentes laborales.
Tras el operativo, fueron detenidas cinco personas en la provincia de Barcelona, de las cuales dos permanecen en prisión provisional. El líder de la organización fue capturado en los Emiratos Árabes Unidos, desde donde dirigía la red, en cumplimiento de una orden internacional emitida a través de Interpol.
El modus operandi incluía múltiples mecanismos de explotación. Los trabajadores debían asumir costos adicionales por gestiones documentales en Portugal, muchas de ellas inexistentes, y eran dados de alta ficticiamente en sistemas de seguridad social. Para aparentar legalidad, la organización creó una empresa en Sabadell, que replicaba el nombre de una compañía portuguesa, generando así una fachada empresarial que facilitaba el engaño.
En la operación también participaron la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Centro Especializado de Combate al Tráfico de Migrantes y Trata de Personas, con sede en Brasil, lo que evidencia el carácter transnacional de la red.
El caso deja en evidencia la magnitud de las redes criminales que explotan la migración laboral en Europa, especialmente en sectores como el metalúrgico, donde la demanda de mano de obra cualificada es utilizada como anzuelo para captar trabajadores vulnerables.
