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El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo este martes que ha decidido que se investigue si algunos gobernadores "exageraron" el número de muertes por coronavirus en el país, a fin de obtener más recursos del Gobierno federal.
El mandatario ya había declarado el lunes que, según un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que fiscaliza el gasto público, el número de fallecidos por covid-19, que según cifras oficiales llega casi a 475.000, habría sido "inflado" por algunos gobernadores con ese objetivo y en realidad sería "un 50 % menor".
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Sin embargo, el TCU aclaró que no se había pronunciado sobre eso, frente a lo que Bolsonaro afirmó que, aún siendo así, "esa práctica pudiera haber ocurrido", por lo que ha determinado que la Abogacía General de la Unión (AGU), que representa al Estado, "investigue" si efectivamente fue así.
El mandatario, que lidera una negacionista ultraderecha, dijo que "en las redes sociales" se vieron "muchos" mensajes de personas que habían "perdido familiares" y denunciaban que los médicos atribuían esas muertes al coronavirus, cuando en realidad la causa del deceso era otra.
Con relación al supuesto informe del TCU, Bolsonaro reconoció que su información no era correcta:"Me equivoqué", admitió, aunque citó otros pronunciamientos de ese organismo en los que se alertaba sobre la posibilidad de que los números de muertos por covid-19 fueran "exagerados" en forma fraudulenta.
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Bolsonaro se mostró convencido de que "esa práctica indeseable pudo haber ocurrido" y dijo que por esa razón determinó que la AGU investigue unos "indicios fortísimos" que, en su opinión, "existen" en ese sentido.
Según el mandatario, para "justificar" esa "supernotificación", algunos gobernadores insistieron en las restricciones de actividades económicas y cierres de comercios "y pagaron los más pobres, que acabaron perdiendo sus ingresos".
Bolsonaro, que desde el inicio de la pandemia se opone a esas medidas de prevención y critica hasta el uso de mascarillas, agregó que "la cuenta" de los supuestos abusos de los gobernadores la han pagado "los trabajadores informales", que en Brasil son cerca de 38 millones.
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