Avanza campaña por plebiscito que decidirá el futuro de la Constitución chilena

Más de 14,6 millones de chilenos volverán a votar en un referéndum, 31 años después del último de ellos.
Sebastián Piñera promulga ley de plebiscito
Sebastián Piñera en la promulgación de la ley de plebiscito para el cambio de constitución. Crédito: AFP

La campaña electoral por el plebiscito del 26 abril en Chile, que decidirá si se cambia o no la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, comienza el miércoles en medio de una crisis social que no cesa y una profunda polarización política.

Más de 14,6 millones de chilenos volverán a votar en un referéndum, 31 años después del último de ellos, en el que se realizaron reformas a la Constitución. Un año antes, en 1988, se había celebrado el histórico plebiscito que puso fin a la dictadura de Pinochet (1973-1990).

La votación del 26 de abril fue planteada como una de las vías para poner fin a la grave crisis social y política iniciada en Chile el pasado 18 de octubre, que dejó 31 muertos y mantiene contra las cuerdas al gobierno del derechista Sebastián Piñera.

La medida se hizo posible la madrugada del 15 de noviembre tras un acuerdo político refrendado en el Congreso tras una de las jornadas más violentas de la revuelta social, nacida como una protesta contra el alza del precio del transporte público en Santiago, antes de convertirse en un clamor en favor de reformas sociales en Chile.

"El gobierno está comprometido con impulsar una gran participación de los chilenos y asegurar un plebiscito limpio, democrático y transparente", dijo el lunes el presidente Piñera, un día después de que la violencia volviera a emerger en las calles, con graves enfrentamientos en el balneario de Viña del mar.

La campaña electoral que arranca el miércoles se extenderá hasta el 23 de abril, con la participación de la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria y algunos independientes.

Ejercicio democrático

En el plebiscito, se preguntará a los votantes: "¿Quiere usted una nueva Constitución?". A lo cual deberán responder "Apruebo" o "Rechazo".

También se les pedirá que determinen qué tipo de órgano redactará la nueva Constitución si ésta se aprueba: una Convención Mixta, conformada por constituyentes elegidos y legisladores, o una Convención Constitucional, una especie de asamblea constituyente compuesta únicamente por miembros elegidos.

Un 69 % de los chilenos votará por la opción apruebo, mientras que un 14,5 % se inclinará por el rechazo, según una última encuesta Pulso Ciudadano de la empresa Activa Research.

"Varios millones de los electores convocados para votar el 26 de abril nunca han participado en un plebiscito, que es un ejercicio de democracia directa", explicó Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel).

La propaganda comenzará primero en medios de prensa escrita y radios, y en carteles y cualquier tipo de material escrito que se colocarán o repartirán en lugares autorizados.

A partir del 27 de marzo, comenzará una segunda parte, que incluye una esperada presencia televisiva, donde los partidos, alianzas políticas e independientes presentarán sus propuestas en un orden sorteado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

La franja televisiva se dividirá en dos emisiones diarias de 30 minutos cada una. El tiempo para cada uno de los partidos se define según la votación que hayan logrado en anteriores procesos electorales. Esto produjo la particularidad de que algunos de los participantes tengan menos de un segundo en pantalla, mientras que algunos partidos tradicionales tendrán más de cuatro minutos.

El plebiscito es una de las demandas más reclamadas en las calles desde octubre y se prevé que tendrá lugar en un ambiente de gran polarización de la sociedad chilena. Mientras la ultraderecha se volcó con la opción del rechazo, solo algunos políticos derechistas más moderados apoyan el cambio de Constitución, que es sin embargo la opción defendida por la oposición de centroizquierda.

De cara a esta consulta, los partidos políticos sufrieron un duro golpe tras perder unos 14.000 militantes en total, mientras que la evaluación de su desempeño durante la crisis social ha sufrido una fuerte caída, según encuestas.


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