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EN la noche del pasado lunes, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear del Comando Sur de Estados Unidos, dirigida por el comandante general Francis L. Donovan, llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra embarcaciones que, según la inteligencia estadounidense, eran operadas por organizaciones terroristas designadas y participaban activamente en el tráfico de drogas.
En total, once presuntos narcoterroristas murieron: cuatro en cada una de las dos lanchas del Pacífico Oriental y tres en la embarcación atacada en el Caribe, reportó el Comando.
Escalada de la Operación Southern Spear
La operación militar bautizada “Southern Spear” fue anunciada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, como una campaña para combatir lo que Washington califica de narcoterrorismo en aguas internacionales frente a Latinoamérica. Este despliegue representa una de las mayores presencias militares estadounidenses en la región desde hace décadas, con buques, aviones y fuerzas especiales operando en el Caribe y el Pacífico.
Desde su inicio en septiembre de 2025, esta campaña ha resultado en al menos 38 ataques letales contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, según informes oficiales y recuentos independientes. El balance más reciente eleva a 133 el total de personas muertas en estos incidentes, incluidos los once de la noche del 16 de febrero.
Operaciones recientes y víctimas
Operaciones previas incluyen ataques en el Pacífico Oriental y el Caribe, donde las fuerzas estadounidenses han destruido embarcaciones que, según ellos, transitaban por rutas conocidas de tráfico ilícito:
- 10 de febrero: Un ataque en el Pacífico Oriental dejó dos fallecidos y un sobreviviente, que fue objeto inmediato de un operativo de búsqueda y rescate por parte de la Guardia Costera de EE. UU. tras la notificación de SOUTHCOM.
- 13 de febrero: Otra embarcación fue destruida en el Caribe, provocando tres muertes entre sus tripulantes.
Críticas y debate sobre legalidad
A pesar de que el Gobierno estadounidense defiende las operaciones como necesarias para frenar el flujo de droga hacia su territorio, la campaña ha generado un intenso debate internacional y legal.
La semana pasada parecía que la estrategia iba a cambiar cuando Estados Unidos anunció, junto con Colombia, la incautación de un narcosubmarino que llevaba tripulantes. A diferencia del resto de ataques, los presuntos narcotraficantes fueron aprehendidos vivos.
Grupos de derechos humanos, expertos en derecho internacional y legisladores han cuestionado la base jurídica para llevar a cabo ataques letales en aguas internacionales sin autorización específica del Congreso, la presentación de pruebas públicas sobre la participación de las embarcaciones en narcotráfico o garantías de debido proceso.
La administración estadounidense ha descrito a los tripulantes de estas embarcaciones como “combatientes ilícitos”, argumentando que se encuentra en una situación de conflicto no internacional con estructuras criminales transnacionales. Sin embargo, la evidencia pública que respalde estas afirmaciones no ha sido difundida ampliamente, lo que alimenta dudas tanto dentro como fuera de Estados Unid
La intensificación de estos ataques ocurre en un contexto más amplio de presión política y militar de Washington en la región, especialmente tras acciones de alto perfil como la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026, vinculada por Estados Unidos con el narcotráfico.
