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El portavoz del Ministerio del Interior, Mansur al Turki, afirmó en una rueda de prensa que "las autoridades se aseguraron de la identidad de todos los condenados antes de ejecutar las sentencias legales", ratificadas por los tribunales.
Al Turki explicó que las ejecuciones se llevaron a cabo por separado en doce zonas del país, en ocho de ellas mediante la decapitación por sable y en cuatro por fusilamiento.
El portavoz pidió comprensión con el sistema legal saudí, que juzga según "la ley islámica, cuya autoridad judicial está sujeta al Corán y a los dichos del profeta Mahoma".
El comunicado de Interior anunciando las ejecuciones estaba precedido por versículos coránicos que justifican el uso de este castigo, como también hizo el mufti del país, Abdulaziz al Sheij, que las calificó de "justas".
Por su parte, el jeque Mansur al Qafari, portavoz del Ministerio de Justicia, dijo que todos los acusados de terrorismo gozan de derechos y garantías judiciales, como la defensa de un abogado, la posibilidad de presentar recursos y la presencia de sus familiares en las sesiones.
"Aplicamos los juicios legales contra los que perpetran crímenes y después de agotar todas las fases judiciales", apostilló Al Qafari.
Ambos responsables desestimaron las críticas lanzadas por la comunidad chií por la ejecución del clérigo Nimr Baqir al Nimr y las efectuadas anteriormente por organizaciones de Derechos Humanos por el frecuente uso de la pena de muerte en el país.
En cuanto a Al Nimr, el portavoz de Interior indicó que "el reino saudí aplica los fallos judiciales legales independientemente de la persona" y subrayó que las autoridades seguirán persiguiendo a todos los que cometan actos terroristas.
Grupos islámicos extremistas comenzaron en mayo de 2003 una campaña de desestabilización del régimen saudí con varios atentados contra la colonia occidental que trabaja en el país y las instalaciones petroleras.
Estos atentados, en los que hubo decenas de fallecidos y que fueron imputados en parte a los ejecutados, fueron contestados con una lucha sin cuartel de las fuerzas saudíes, que detuvieron a numerosos supuestos terroristas.
En los últimos dos años, cientos de personas han sido condenadas por terrorismo en el reino, donde la justicia también ha cargado contra la minoría chií por las protestas protagonizadas contra la monarquía.
En 2015 fueron más de 150 las ejecuciones llevadas a cabo en Arabia Saudí, según organizaciones de Derechos Humanos, una cifra muy superior a las 90 de 2014.
