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La Audiencia Nacional española aprobó la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera personal del fallecido presidente Hugo Chávez, reclamada por las autoridades de su país por presuntos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación.
Díaz Guillen, arrestada en España el pasado 25 de abril, aparecía en la investigación de los papeles de Panamá por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para "blindar" una fortuna no declarada, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en Twitter.
Contra esta decisión cabe recurso ante la propia Audiencia y, de mantenerse la extradición, la última palabra la tendrá el Gobierno español.
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Díaz Guillén había alegado persecución política, pero la Justicia española cree que se trata de un argumento absolutamente genérico, que "no acredita, ni siquiera a modo de sospecha fundada", que sea reclamada por tener ideas contrarias al gobierno o que haya un peligro concreto de que se vayan a anular sus derechos.
No obstante, el tribunal español no obvia que existe "un clima de convulsión e inestabilidad político y social en Venezuela".
Los magistrados del caso consideran que concurren los requisitos de doble incriminación (delitos análogos) y no "una motivación espuria" en la petición de extradición.
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Díaz Guillén está acusada de "presuntas irregularidades realizadas durante su ejercicio en la Administración Pública", donde fue secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) y administradora del Despacho de la República Bolivariana de Venezuela.
Dichos cargos fueron utilizados para obtener "beneficios económicos propios", lo que le permitió "adquirir bienes muebles e inmuebles" en Venezuela y en el extranjero, "constituyendo empresas en la República de Panamá con dinero obtenido de las presuntas actividades ilícitas durante su desempeño en la Administración Pública Nacional".
La enfermera salió de Venezuela en 2013, poco después de la muerte de Chávez, y detenida en España este año junto a su marido, Adrián José Velásquez, aunque fueron puestos en libertad provisional.
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Velásquez fue jefe de seguridad de Chávez y también está reclamado por los mismos delitos, si bien su extradición se tramita en un procedimiento aparte y sin fecha aún para la vista judicial.
