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La Fiscalía del Perú allanó este viernes la sede principal de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el gremio más grande del país, en medio de las investigaciones del caso Odebrecht y la financiación de la candidatura de la líder opositora Keiko Fujimori .
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La intervención fue liderada por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, con el apoyo de agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.
Pérez fue autorizado por el juez Víctor Zúñiga para ingresar a las oficinas de la Confiep, en el distrito financiero de San Isidro, tras revelarse que grandes empresarios peruanos hicieron aportes no declarados a la campaña electoral de la líder opositora Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de activos.
Específicamente, según el documento de autorización judicial, el fiscal busca "todo aquel objeto vinculado a la campaña política" de las elecciones de 2011 y 2016, además de documentos y facturas "vinculados a gastos, compras, o bajo cualquier otro título, que realizó la Confiep para campañas políticas" de esas elecciones.
La intervención causó sorpresa entre los grandes empresarios peruanos que, precisamente, participan en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), su principal cita, que se clausurará este viernes en el balneario sureño de Paracas.
La Confiep aseguró en Twittter que "se enteró, a través de la prensa" de la orden de allanamiento e incautación solicitada por el fiscal Pérez "por investigaciones que datan del 2011 por el caso de una campaña comunicacional en pro de la inversión".
"Desde el inicio de la investigación, Confiep viene colaborando absoluta e íntegramente en todo el proceso. Sorprende, por ello, una medida innecesaria que linda con el abuso, más aún cuando al Fiscal se le entregó todos los documentos administrativos y contables de la campaña", agregó.
La patronal aseguró, sin embargo, que "seguirá colaborando con las investigaciones para que estas se desarrollen con integridad y transparencia para que la verdad se abra paso", aunque remarcó "enfáticamente" que no promueve ni financia "partidos políticos o acciones de carácter político-partidario".
Tras informarse del allanamiento, la presidenta de la Confiep, María Isabel León, abandonó precipitadamente el local donde se celebra la CADE tras decir a los periodistas que su gremio está a favor de "justicía sí, excesos no".
Apoyo a Keiko Fujimori
Durante la última semana, varios empresarios peruanos han revelado haber dado grandes aportes económicos para financiar la campaña electoral de 2011 de Keiko Fujimori, quien está a la espera de que se cumpla una resolución del Tribunal Constitucional que ordenó el fin de la prisión preventiva que cumplía mientras se le investiga por un presunto lavado de activos vinculado con Odebrecht.
El escándalo por estos aportes, no declarados y con dinero entregado en efectivo, estalló cuando Dionisio Romero, el presidente del directorio del grupo Credicorp, el más grande del país, reveló la entrega de 3,65 millones de dólares en 2011.
Romero justificó esa donación, entregada en efectivo, señalando que los que creen "en el desarrollo y progreso del Perú" vivieron "la zozobra" de que Ollanta Humala, el rival de Keiko que finalmente ganó esas elecciones, estuviera siendo financiado por el régimen del entonces presidente venezolano Hugo Chávez.
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Tras esta revelación, otros empresarios confesaron aportes directos a la campaña de Keiko, mientras que algunos otros afirmaron haber dado dinero a la Confiep para que este organismo promoviera una campaña publicitaria a favor de la empresa privada.
En el contexto de esas elecciones, esa campaña estaba orientada para apoyar a Fujimori, quien era vista como la mas próxima a los intereses empresariales.
