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El bufete Ilocad, dirigido por el exjuez español Baltasar Garzón, acusa a las autoridades de Cabo Verde de atentar contra el derecho de defensa del empresario colombiano Álex Saab (reclamado en EE.UU.) por deportar en dos ocasiones a uno de sus abogados, según un comunicado remitido este sábado.
Este despacho legal defiende a Saab en el caso de extradición que se cursa en Cabo Verde -donde está detenido- a petición de EE.UU., que lo acusa de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
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El bufete asegura que uno de sus abogados intentó entrar en el país africano el jueves y el viernes pasados a través del aeropuerto internacional Nelson Mandela de Praia, sin conseguirlo.
Explica que un mismo responsable de vigilancia adujo en el aeropuerto motivos burocráticos para justificar la negativa a que el letrado pasara los controles de seguridad, una acción que Ilocad considera "arbitraria y sorpresiva" y un "atropello intolerable" de las autoridades caboverdianas para "perjudicar gravemente" la defensa de Saab.
Según el comunicado, esto evidencia la "persecución política" que padece el empresario en el proceso de extradición "injusto e instrumental" por parte de EE.UU. "en su confrontación con el Gobierno venezolano".
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El equipo legal del empresario demandó, a su vez, a EEUU y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales y de ese país africano por considerar que se violó la inmunidad jurisdiccional de Saab en su condición de "enviado especial de Venezuela".
Tras ser detenido el 12 de junio pasado en Cabo Verde, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno, que se encontraba "en tránsito" para regresar al país.
Saab fue arrestado en respuesta a una petición de EE.UU. cursada por medio de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
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Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la administración de Maduro.
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Según funcionarios del Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron en estas operaciones con "cientos de millones de dólares".
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