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Un grupo de prostitutas se manifestó en la ciudad alemana de Hamburgo con un simbólico "carné de puta" contra un nuevo proyecto de ley del Gobierno que obligaría a las profesionales del sexo a registrarse y recibir asesoramiento.
Con este carné las prostitutas pretenden ilustrar lo que significaría para ellas verse en un futuro obligadas a portar consigo un documento de su registro como trabajadoras del sexo, explicó Friederike Strack, del centro de asesoramiento berlinés Hydra.
La protesta tuvo lugar de forma paralela al congreso organizado en la ciudad para analizar la futura regulación y las posibles consecuencias de su entrada en vigor, en el que participan más de 200 expertos y prostitutas.
"El registro forzado fue abolido en 1927 por presión de los movimientos feministas", subraya el simbólico carné, en el que se recuerda que la inscripción sólo conduce a la estigmatización y obliga a las prostitutas a divulgar de manera no deseada su profesión.
El proyecto de ley, que será debatido por el Consejo de Ministros previsiblemente a finales de mes, establece que las prostitutas deberán registrarse cada dos años ante las autoridades y en el caso de las jóvenes de entre 18 y 21 años, cada año.
Una vez al año deberán además acudir a las instituciones sanitarias para recibir asesoramiento, a lo que se sumará la obligación a utilizar preservativos y la prohibición de ofrecer tarifas planas para sus servicios.
Los gerentes de prostíbulos necesitarán en un futuro un permiso para operar y deberán someterse a un control de antecedentes penales con el fin de evitar que el negocio caiga en manos de traficantes de personas.
En estos momentos la prostitución está regulada en Alemania por una ley aprobada en 2002 por la entonces coalición de gobierno entre socialdemócratas y verdes que reconoció a las trabajadoras del sexo derechos laborales y cobertura social como prestadoras de un servicio.
A pesar de ello, no hay cifras oficiales sobre este sector y diversos estudios estiman que en el país trabajan entre 200.000 y 400.000 prostitutas, la mayoría extranjeras.
El proyecto es un acuerdo de conservadores y socialdemócratas en el Gobierno de la canciller, Angela Merkel, que defienden la necesidad de mejorar la situación de estas mujeres ante el riesgo de explotación, violencia y enfermedades.
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