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El expresidente peruano Alan García afirmó, en una carta leída por su secretario, que tras el rechazo del asilo diplomático que solicitó a Uruguay se pondrá "a disposición de todas las investigaciones" que le sigue la Justicia de su país.
"Declaro que solicité el asilo previsto en la Constitución ante la inminencia de una orden de detención, pero cumplido ese paso estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones", dijo el expresidente.
García rechazó que exista alguna "prueba o depósito" que lo vincule "a ningún hecho delictivo". Además, dijo que las informaciones propagadas sobre presuntos actos de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht "son solo rumores y especulaciones, que jamás tendrán comprobación por ser totalmente falsas".
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García, quien permanece en su casa en Lima desde que abandonó la residencia del embajador uruguayo en Perú, agregó en su comunicado que "asistirá con puntualidad" a las citaciones de la Justicia y que espera que las versiones sobre una presunta "detención arbitraria" sean falsas.
El Gobierno de Uruguay negó este lunes el asilo diplomático pedido por García por considerar que "en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y especialmente el Poder Judicial", según declaró el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.
"No concederemos el asilo político al expresidente Alan García", anunció el presidente de Uruguay, Tavaré Vazquez, en una rueda de prensa conjunta con el canciller Rodolfo Nin Novoa.
Vazquez señaló que, tras las investigaciones realizadas, se ha concluido que el caso de García "no es una persecución política", y la decisión del gobierno uruguayo se debe "a consideraciones estrictamente jurídicas".
El presidente de Uruguay afirmó que el exmandatario García deberá retirarse "inmediatamente" de la embajada" y "por sus medios".
García solicitó el asilo el 17 de noviembre después de que un juez le prohibiera abandonar Perú por dieciocho meses dado que reside en España desde 2016 y un fiscal lo investiga por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
Los sobornos ascendieron a 24 millones de dólares, según la declaración de un ejecutivo de la compañía a fiscales, de los que presuntamente 14 millones fueron para altos funcionarios del Gobierno de García.
