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El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, solo se había referido brevemente al compromiso de Washington con el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, durante una visita en julio a Filipinas, país con el que Estados Unidos (su exmetrópoli) tiene un tratado de alianza militar.
"Estamos preocupados por las detenciones, así como por el asesinato extrajudicial de individuos sospechosos de estar involucrados en actividades de narcotráfico en Filipinas", dijo la portavoz del departamento de Estado Elizabeth Trudeau.
"Urgimos a los filipinos a garantizar que sus esfuerzos para aplicar la ley están en línea con sus obligaciones en materia de derechos humanos", advirtió al ser preguntada por la lucha sin tregua del presidente Duterte contra el narcotráfico.
El jefe de Estado fue elegido en mayo. Había prometido acabar con la criminalidad en un plazo de seis meses.
Desde su elección, más de 800 personas acusadas de vínculos con el tráfico de drogas fueron ejecutadas por la policía o por civiles alentados por la retórica del presidente.
El domingo incluso acusó a más de 160 jueces, alcaldes, diputados, policías y soldados de estar implicados en casos de estupefacientes.
En su encuentro el 27 de julio en Manila con Duterte, Kerry se había limitado a subrayar que "los derechos civiles y humanos deben protegerse", pero no condenó explícitamente la represión de la nueva administración filipina.
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