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La plataforma de alquiler de vivienda para viajeros Airbnb, golpeada de lleno por la pandemia de la COVID-19 y las medidas de confinamiento, anunció a su personal que prescindirá de alrededor del 25 % de sus 7.500 empleados en el mundo.
"Atravesamos la crisis más dolorosa de nuestra vida", dijo Brian Chesky, cofundador y presidente de la plataforma que ya consiguió 2.000 millones de dólares para enfrentar la crisis y redujo gastos en todas sus secciones.
Los recortes de personal son necesarios para que la empresa sobreviva hasta que las personas comiencen a viajar nuevamente, sostuvo.
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Airbnb "ha sido duramente golpeado" por la pandemia que detuvo los viajes en todo el mundo, con previsiones de ingresos para este año "de menos de la mitad" que en 2019, añadió en un mensaje a los empleados.
La plataforma enfrenta dos "duras realidades: no sabemos cuándo retomarán los viajes, y cuando eso ocurra, será diferente", explicó para justificar casi 1.900 despidos.
También anunció una pausa en las inversiones del grupo en su división de transporte entre otras, y una reducción de inversiones en varios proyectos de integración de hoteles y propiedades de lujo a su oferta.
Según Chesky, los clientes "querrán opciones más próximas de sus hogares, más seguras y menos caras" cuando las medidas de confinamiento, que afectan a miles de millones de personas en el mundo, terminen.
Demanda
De otro lado, California demandó a las plataformas de alquiler de vehículos con conductor Uber y Lyft por "clasificar erróneamente" a sus conductores como contratistas en lugar de como empleados, lo cual viola una ley estatal.
La demanda, a la que se sumaron los grandes municipios del estado, busca que las compañías compensen a los conductores y paguen multas que podrían ascender a cientos de millones de dólares.
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"California tiene reglas básica con derechos y protección para los trabajadores y sus empleadores", dijo el fiscal general Xavier Becerra en un comunicado. "Tenemos la intención de asegurarnos de que Uber y Lyft jueguen según las reglas", agregó.
La demanda, a la que se sumaron San Francisco, Los Ángeles y San Diego, pondrá a prueba una ley que entró en vigor en California este año.
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