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En los últimos días, la excongresista, Aida Merlano Rebolledo ha rendido varias declaraciones ante las autoridades venezolanas en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), lugar en el que se encuentra recluida desde el pasado 30 de enero.
Así lo confirmó el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab al indicar que la dirigente política ha dado mucha información sobre diferentes temas, entre ellos los actos de corrupción electoral que se presentaron en el departamento del Atlántico.
Merlano, quien enfrenta en Colombia un proceso por los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir, se ha comprometido a entregar información a cambio de un asilo político para ella y su familia.
La excongresista le solicitó formalmente al presidente Nicolás Maduro que le permita colaborar con las autoridades. En un video enviado el mismo día de su recaptura, Merlano señalaba que contaba con información sobre dirigentes políticos de la Costa, un candidato presidencial, empresarios en varios casos de corrupción electoral.
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"Le pudiera decir que ha cantado más que Pavarotti", precisó Saab a Noticias Caracol al ser preguntado sobre las declaraciones de Merlano. El fiscal venezolano se abstuvo de dar más detalles sobre los temas que ha mencionado Merlano.
En otro de los apartes e la entrevista, Saab manifestó que las autoridades venezolanas analizan la situación de la excongresista y el hombre con el que fue recapturado, identificado como Yeico Manuel Vargas Silvera.
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El fiscal venezolano cuestionó la actitud presentada por el Gobierno de Colombia para solicitar en extradición a Aida Merlano ante el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reseñando que este trámite debe hacerse ante Nicolás Maduro.
"El presidente Duque se lo ha pedido a un fantasma de la política venezolano, algo así como una nada que va por aquí, por allá (...) me refiero al ciudadano Guaidó, quien no manda ni en su casa”, aseveró.
Merlano, quien fue recapturada el pasado 27 de enero en la ciudad de Maracaibo, es requerida por las autoridades colombianas para que cumpla la condena de 15 años de prisión emitida por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por delitos electorales.
La excongresista habría puesto en macha un plan para comprar votos y resultar elegida en el Senado en los comicios que se adelantaron en marzo de 2018.
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