Piden al Consejo de Estado que decrete la pérdida de investidura del exsenador Eduardo Pulgar

La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente ante la Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado, que decrete la pérdida de investidura del exsenador Eduardo Pulgar Daza.

El excongresista está siendo investigado por el delito de tráfico de influencias y por supuestamente haber intentado sobornar al juez promiscuo municipal Andrés Fernando Rodríguez Cáez,  para favorecer a un tercero que en este caso era un supuestamente un amigo de Pulgar Daza. 

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El Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado, pidió ante la Sala Especial de Decisión que se decrete la pérdida de investidura del exsenador Pulgar Daza.

Indicó durante su exposición que de acuerdo con las pruebas que se conocieron se demostró la responsabilidad del exsenador, por lo que resulta evidente “(…) la intención y el querer que tuvo el excongresista para afectar la voluntad del servidor público que tenía a cargo una actuación judicial que beneficiaría directamente a terceros involucrados en la contienda para obtener el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla e indirectamente a él para obtener los votos que necesitaba en las elecciones de 2018 (…)”, dijo.

Además precisó el Procurador, que durante la audiencia que se realizó ante la Corte Suprema de Justicia el excongresista reconoció haber incurrido en el delito de tráfico de influencias.

"En consecuencia, el señor Eduardo Enrique Pulgar Daza, en su condición de congresista de la República, para el momento de los hechos, incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, esto es, tráfico de influencias debidamente comprobado", señala en un comunicado la Procuraduría General. 

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El Ministerio Público además referenció que una de las evidencias aportadas por el demandante en su momento, fueron algunas de las columnas del periodista Daniel Coronel, publicadas en su portal web y en las que específicamente decía:  “Ocurrió que en el año 2017 el demandado se habría valido de su condición de Congresista para reunirse en su residencia en la ciudad de Barranquilla y gracias a intermediación del entonces alcalde del municipio de Usiacurí (Atlántico), señor Ronald Emil Padilla Acuña, con el juez promiscuo municipal de esta localidad, señor Andrés Fernando Rodríguez Cáez, con el propósito de ofrecerle a este último y en presencia del aludido intermediario, la suma de $200.000.000 para que resolviera a favor del señor Juan José Acosta Osío, reconocido amigo y simpatizante del congresista, una determinada controversia que se ventilaba ante el funcionario judicial.”