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Giha le pidió al fiscal general instaurar unas mesas de trabajo para hacerle seguimiento a los procesos administrativos. Así mismo puso a disposición del despacho de la Subdirección de Inspección y Vigilancia toda la información que se tenga en las decisiones sancionatorias y preventivas que se vayan a tomar.
“Le informo que en la fecha hemos solicitado a la Procuraduría General de la Nación acompañamiento preventivo en este caso, en especial dada la relevancia del mismo para la educación superior en Colombia”, escribió la ministra.
También se conoció una carta enviada a Fernando Carrillo Flórez, procurador general de la Nación, donde la ministra de Educación le solicita el acompañamiento preventivo de estos procesos para garantizar el servicio de la educación.
Por eso le propuso una reunión con su equipo de trabajo para tomar decisiones durante la inspección y vigilancia, razón por la cual designó como vocera del Ministerio a Magda Méndez, directora de la Calidad para la Educación Superior.
“De las evidencias recaudadas en estas visitas se dio apertura a tres investigaciones administrativas por presunta inobservancia a las normas que regulan la prestación de este servicio educativo”, afirmó la Giha a Carrillo.
Estos documentos fueron enviados a las entidades anteriormente mencionadas luego de tomar la decisión de crear una fiducia para proteger los recursos económicos de la universidad, entre otras decisiones.
Entre las medidas tomadas por el Gobierno en esta intervención se encuentran:
La institución educativa no debe hacer eventos onerosos, fijar un plan de reducción de gastos que tenga la restricción de autorización de viáticos, tiquetes, desplazamiento de personal.
Suspender gastos de publicidad.
Abstenerse de autorizar pagos a terceros.
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