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Promigas y la Fundación Promigas presentaron este 18 de noviembre en Cali la nueva edición del Impe, herramienta desarrollada en alianza con Inclusión SAS para medir la acumulación de privaciones que impiden a los hogares realizar actividades esenciales mediadas por el uso de la energía.
Según el informe, en 2023 la pobreza energética se ubicaba en 16,1% (8,4 millones de personas). Durante 2024 descendió a 15,4%, lo que significa que más de 300.000 colombianos superaron esta condición. Aun así, el país mantiene cerca de 8,1 millones de personas con dificultades para acceder a servicios y condiciones energéticas adecuadas.
Brechas regionales: zonas críticas y territorios con avances
El Impe evidencia contrastes marcados entre regiones. Bogotá (1,4%), Quindío (2,9%), Valle del Cauca (3,5%) y Risaralda (4,6%) presentan niveles bajos de privación energética.
En el extremo opuesto, departamentos como Córdoba (45%), Chocó (52,8%), La Guajira (63,1%) y Vaupés (86,5%) registran los mayores rezagos, lo que refuerza la necesidad de intervenciones diferenciadas.
Declaraciones y hoja de ruta
Para Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, el Impe permite entender no solo el atraso energético, sino también las rutas posibles para enfrentar estas brechas.
“El Impe es más que una métrica: es una hoja de ruta para transformar vidas y cerrar brechas históricas; es una carta de navegación para los gobernantes”.
El informe señala que, si se mantiene el ritmo actual unas 300.000 personas saliendo de la pobreza energética cada año, el país alcanzaría la meta de un dígito solo hasta 2034. Por eso, esta edición plantea una hoja de ruta para acelerar ese objetivo a 2030.
El documento propone cuatro acciones principales para reducir en cerca de 40% el número de personas en pobreza energética, es decir, alrededor de 2,9 millones de personas:
- Recuperar y mejorar la calidad del servicio eléctrico en zonas donde se ha deteriorado.
- Avanzar en el Plan Nacional de Sustitución de Leña.
- Ampliar la dotación de electrodomésticos básicos y dispositivos educativos y de comunicación en los hogares.
- Garantizar acceso a energía eléctrica en todos los colegios del país.
Rojas advirtió que incluso cumpliendo la meta de 2030, miles de familias seguirían enfrentando limitaciones energéticas.
“Si alcanzamos la meta de reducir la pobreza energética a un solo dígito para 2030, aún habrá cerca de 5,1 millones de personas viviendo en esta situación. Por eso, es urgente implementar desde ahora políticas claras y de largo plazo, ya que el desarrollo no admite atajos”, apuntó.
