La FM en Google News
Por esta razón, en las últimas horas el funcionario envió una carta al Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, con el fin de que incluya dos artículos en el paquete de proyectos de ley que prepara el Gobierno, que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción y que se darían a conocer la próxima semana.
“Desde hace tiempo la Superintendencia viene proponiendo hacer unas reformas puntuales a las normas de libre competencia, que nos permitirán combatir la corrupción, la colusión y todas las prácticas anticompetitivas en general. En el caso del cambio en la forma de imponer las multas se trata de adaptar el sistema europeo o americano, que ya lo tienen países de Latinoamérica como Chile, México o Brasil, el cual consiste en sancionar con unos topes porcentuales sobre las ventas involucradas en el cartel y esto permitirá, en algunos casos, aumentar la capacidad sancionatoria de la Entidad”, señaló el funcionario en el marco de la Sexta Jornada de Libre Competencia en el Sector Financiero que realizó Asobancaria.
Cabe recordar que el presidente Juan Manuel Santos anunció que el Gobierno nacional está preparando un nuevo paquete de medidas contra la corrupción las cuales buscan garantizar la protección a los denunciantes de casos de corrupción, conocer quiénes son los verdaderos beneficiarios de las empresas y saber qué intereses con el Estado tienen quienes laboran en entidades públicas, entre otras cosas.
El objetivo, según el primer mandatario, es aprobar algunas de estas iniciativas “usando el fast track, donde no queremos abusar de ese procedimiento rápido en el Congreso, pero en los Acuerdos de Paz existe el compromiso específico de la lucha contra la corrupción”.
De acuerdo a la superintendencia de Industria y Comercio,los artículos tienen que ver con:
1. La modificación del sistema para la imposición de las multas, para que sean tasadas con base en un tope porcentual del 30% sobre el valor de las ventas involucradas en el cartel o acto colusorio, por el tiempo que duró la conducta anticompetitiva.
2. Prever una sanción adicional a la económica para los casos de colusión o cartelización en licitaciones públicas que impida al contratista sancionado por la Superindustria una inhabilidad de hasta 5 años para contratar con el Estado.
corrupción”.
