SIC aplica millonaria multa a empresas involucradas en cartel de los cuadernos

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con 56.188 millones de pesos a las empresas Carvajal Educación, Scribe y Kimberly por participar en el “cartel de los cuadernos”.
Archivo La FM
Crédito: La FM

La Superintendencia también sancionó a 24 trabajadores y extrabajadores de las tres compañías mencionadas con la suma de 2.812 millones de pesos.

La multa de la SIC fue distribuida de la siguiente forma: a Kimberly se le sancionó con $29.645 millones, seguida de Carvajal Educación con $14.823 millones. Por su parte, Scribe recibió una sanción de $11.720 millones.

Según la resolución emitida por la entidad, Scribe y Kimberly se verán beneficiadas con un descuento en la sanción, pues colaboraron con información en este caso de cartelización.

La Superintendencia destacó que las sanciones impuestas son consecuencia de actos de Kimberly, Scribe y Carvajal Educación, con los que se obstaculizó la libre competencia en el mercado de los cuadernos, afectando así a los consumidores.

Carvajal y Kimberly iniciaron el “cartel de los cuadernos” en el año 2011 y en 2014 la misma Carvajal cometió actos de cartelización con la empresa Scribe.

Ante esta noticia, Carvajal emitio este comunicado:

"Carvajal Educación recurrirá a todas las instancias legales para demostrar que no ha incurrido en prácticas contrarias a la competencia y que no ha causado perjuicio a los consumidores.

Frente a la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto del mercado de cuadernos, Carvajal Educación reitera que no ha violado las normas de libre competencia y que, convencida de su buen proceder, recurrirá la decisión y acudirá a la instancias que le brinda la ley para demostrarlo.

Contrariando los derechos fundamentales al debido proceso y a la presunción de inocencia, la Superintendencia ignoró más de 20 documentos, 31 testimonios e interrogatorios, 2 dictámenes periciales de reputados economistas y decenas de horas de contra preguntas a los delatores que demostraban las debilidades e inconsistencias del caso. La Superintendencia tampoco tomó en cuenta los estudios económicos independientes que indican claramente que las conductas de las cuales se nos acusa no pudieron haberse llevado a cabo y, sobre todo, que los consumidores no pueden haber sido afectados por nuestras prácticas comerciales.

La empresa confía en que las instancias de recurso sabrán estimar que el caso carece de la solidez para sustentar una sanción que causa un considerable e injustificado agravio a la empresa, sus clientes, sus colaboradores y accionistas.

Carvajal Educación se ha distinguido siempre por ser una empresa respetuosa de la ley y ha construido su buen nombre gracias a su compromiso con el país y a sus elevados estándares éticos. La trayectoria de más de 100 de años del grupo se ha forjado no solamente con una vocación por la calidad y el servicio, sino ante todo con prácticas comerciales transparentes y leales."


Manejo de residuos

Andesco pide revocar el nuevo marco tarifario de aseo por riesgos para usuarios, recicladores y empresas

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, presentó ante el Gobierno Nacional una solicitud de revocatoria directa contra la Resolución CRA 1040 del 30 de julio de 2026, mediante la cual se definió el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo en Colombia. El gremio señaló que la norma requiere una revisión de fondo por aspectos jurídicos, regulatorios, económicos y procedimentales. Según Andesco, el marco tarifario fue expedido por el Gobierno anterior días antes de finalizar su mandato y podría generar efectos sobre la prestación del servicio, las empresas del sector, los recicladores de oficio y los usuarios. Block Field Los puntos centrales de la solicitud La solicitud de revocatoria se concentra en cuatro asuntos. El primero corresponde a las inconsistencias que Andesco afirma haber identificado en el proceso de participación ciudadana. El segundo se refiere a la incorporación de disposiciones nuevas en la regulación definitiva que, según el gremio, no habrían sido sometidas a conocimiento y discusión de los actores de la cadena. El tercer punto está relacionado con los efectos retroactivos derivados de la derogatoria de reglas para el cálculo de la actividad de aprovechamiento, con impacto en organizaciones de recicladores y usuarios que no harían parte del ámbito de este marco tarifario. El cuarto asunto apunta a la necesidad de revisar si la resolución cumple con los criterios tarifarios establecidos en la Ley 142 de 1994. Participación ciudadana y cambios en la resolución Andesco sostuvo que la participación ciudadana no puede limitarse a la publicación, socialización y recepción de comentarios. Para el gremio, los agentes regulados deben conocer de manera oportuna las propuestas, evaluar sus impactos, presentar observaciones y contar con trazabilidad sobre la forma en que sus argumentos fueron analizados antes de adoptar una decisión definitiva. En ese sentido, el sector manifestó preocupación por las diferencias entre los contenidos sometidos a participación y la resolución expedida. De acuerdo con Andesco, la norma final incluye más del 50 % de disposiciones nuevas, por lo que pidió claridad sobre el tratamiento dado a las observaciones presentadas durante el proceso. Revisión frente a la Ley 142 de 1994 El gremio también solicitó revisar el nuevo marco tarifario frente a los criterios de eficiencia económica, neutralidad, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia establecidos en la Ley 142 de 1994. Andesco indicó que una metodología tarifaria debe promover eficiencias y reconocer los costos necesarios para garantizar continuidad, calidad y sostenibilidad en la prestación del servicio. En particular, pidió evaluar si las nuevas disposiciones permiten cubrir los costos de operación, las obligaciones laborales y ambientales, así como las inversiones requeridas. El gremio señaló además que los criterios de simplicidad y transparencia exigen metodologías comprensibles, verificables y claras para prestadores, autoridades y usuarios. “Lo que está en juego es la seguridad jurídica” Camilo Sánchez, presidente de Andesco, afirmó que la solicitud busca una revisión de fondo de la regulación por sus efectos sobre el servicio público de aseo en el país. “Esta solicitud busca que se revise de fondo una regulación que tendrá efectos determinantes sobre la prestación del servicio público de aseo en Colombia. La participación ciudadana debe ser efectiva; las disposiciones que generan impactos sustanciales deben ser conocidas y discutidas antes de su adopción; las nuevas reglas no deben producir efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas; y toda decisión tarifaria debe cumplir integralmente los criterios establecidos por la ley”, manifestó Sánchez. El dirigente gremial agregó que el impacto de la resolución va más allá de los operadores del servicio. “Lo que está en juego es la seguridad jurídica, la sostenibilidad de las empresas y, principalmente, la continuidad y calidad del servicio para 36 millones de usuarios”, señaló. Andesco pide diálogo con el Gobierno Andesco reiteró su disposición de mantener un diálogo técnico con el Gobierno Nacional y las autoridades regulatorias. Según el gremio, la revisión solicitada permitiría fortalecer la regulación, recuperar la confianza de los agentes y garantizar un marco tarifario con soporte técnico, jurídico y financiero para el servicio público de aseo en Colombia.
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