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El ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla Barrera, explicó que, aunque el Gobierno confía en que le sea declarada la exequibilidad de la Ley de Financiamiento, una posible declaratoria de inconstitucionalidad de ésta le costaría al país cerca de mil billones de pesos.
Según los cálculos, hay dos escenarios: el primero sería el de la seguridad jurídica. “Nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni ley de financiamiento dado que, cumplidos todos los requisitos, como lo han certificado los secretarios tanto de la Cámara de Representantes, como del Senado de la República, se cumplieron todos los procedimientos regulatorios y reglamentarios, si eso no se sostiene, nadie va a volver a creer”, sostuvo el ministro Carrasquilla. Lo anterior, traído a valor presente, costaría cada año 1.5 puntos del PIB de crecimiento.
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El segundo escenario, de acuerdo con lo que explicó el titular de la cartera de Hacienda, es el de los efectos de crecimiento inherentes a la Ley de Financiamiento, pues estos desaparecerían. “Ese segundo efecto de crecimiento también tiene un costo y si sumamos, el efecto combinado, año tras año, hasta el 2030, eso nos da el equivalente a un PIB anual de Colombia. Perdemos el 10% de nuestra capacidad de generación de ingreso de un tanganazo”, manifestó Carrasquilla Barrera.
A su turno, Bruce Mac Máster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), habló con LA FM del estudio en la Corte Constitucional de la Ley de Financiamiento. Dicha ley fue impulsada por el presidente Iván Duque "para generar las fuentes de financiamiento para poder solventar los gastos destinados a atender las necesidades sociales que se plantearon en el Presupuesto General de la Nación 2019, que no cuentan con financiación".
"Si se cayera todala ley sería tremendo porque el Estado pretendía recaudar 14 billones de pesos, 7 de ellos finalmente no fueron aprobados, que era lo que tenía que ver con el IVA a la canasta familiar. Esos siete desaparecerían del recaudo", agregó.
