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La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó, a través de la circular 039, la extensión del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) hasta el 30 de junio del 2021. Inicialmente se había establecido que la vigencia de este mecanismo culminaría el 31 de diciembre del presente año.
En el documento el organismo de control señala que la decisión se adoptó teniendo en cuenta la persistencia de la pandemia de la covid-19 y sus efectos en el comportamiento crediticio de los deudores, que han visto afectados sus ingresos por la crisis económica.
“En lo corrido de su implementación, el PAD ha mostrado ser una herramienta que mantiene un adecuado balance entre la redefinición de las condiciones de las operaciones de crédito ante la nueva realidad económica de los deudores, la revelación del riesgo y el cumplimiento de los requerimientos prudenciales”, señala la entidad.
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En la circular se indica que se mantendrán las instrucciones que fueron establecidas desde la creación del programa, por lo que las renegociaciones de los créditos deberán hacerse bajo varios parámetros.
Primero, las entidades financieras deberán reducir el valor de la cuota mensual del deudor; además, no se podrá aumentar la tasa de interés inicialmente pactada y se podrán otorgar nuevos períodos de gracia sin la posibilidad de capitalización de intereses y sin cobrar intereses por otros conceptos.
En el caso de los créditos comerciales de medianas y grandes empresas, las características y resultados de la redefinición corresponderá a los acuerdos que hayan pactado con el establecimiento de crédito, explica el organismo de control.
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“Las entidades vigiladas podrán establecer procedimientos que empleen información alternativa que les permita obtener una percepción razonable y objetiva sobre la capacidad real o potencial de pago del deudor y que reconozca variables adicionales sobre la reactivación futura del sector económico donde se desempeña”, estipula el documento.
Entre el primero de agosto y el nueve de diciembre se han redefinido créditos por 33 billones de pesos, beneficiando a 1,78 millones de deudores entre personas naturales y jurídicas.
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