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Como parte del plan para reducir el gasto público del país, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas propuso que los esquemas de seguridad de los funcionarios públicos se reduzcan en un 50 %.
El ministro explicó que con esta reducción, "se puede liberar recursos y personal para encaminarlos hacia la seguridad de los ciudadanos".
Esto lo comparte el experto en seguridad Hugo Acero, quien dijo que "en el país ha venido haciendo carrera un exagerado uso de estos esquemas que, más que necesarios, han pasado a convertirse en una manera de tener prestigio y estatus".
Sostuvo que ante la nueva situación de posconflicto que vive el país, "ya no es tan imperativo que se vean esquemas de seguridad abultados, por lo que esta reducción no solo es sana fiscalmente sino que permite que los miembros de la Policía y otros organismos puedan realizar otras tareas de seguridad tan o más importantes".
Según cálculos oficiales, los esquemas de seguridad en el país le cuesta al Estado en promedio $483 mil millones de pesos, sin contar con factores complementarios como el combustible de los vehículos especiales o el salario de los escoltas y miembros de estos cuerpos de protección, entre otros.
De hacerse efectiva la propuesta de Cardenas, el ahorro para el Estado sería de por lo menos $241.500 millones, señaló Acero.
Cifras de la Unidad Nacional de Protección (UNP) señalan que son 6.571 los esquemas de seguridad que maneja la entidad.
-El caso del exprocurador Ordóñez-
Uno de los casos que más causó polémica fue el del exprocurador Alejandro Ordóñez, quien ordenó en su momento unas reglas de juego especiales para la protección, tanto suya como de miembros de su familia.
Se trató de la resolución 327, en la que se indicó que “los exservidores de la Procuraduría y sus familias, que durante el ejercicio del cargo haya contado con el servicio de esquema de seguridad permanente, tendrán derecho a continuar con ese beneficio por un período máximo de cuatro (4) años, contado a partir de la terminación del vínculo legal y reglamentario”.
Incluso algunos congresistas como Angélica Lozano denunciaron que este refuerzo en la seguridad del exprocurador había tenido un costo de más de 60.000 millones de pesos.
El ministro Cárdenas señaló, por su parte, que el plan de reducción de gastos que adelantó el Gobierno incluye también una reducción en el uso de papelería, la publicidad oficial y algunos viajes y viáticos de funcionarios del Estado.
