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A través de un concepto enviado al Consejo de Estado, la Procuraduría pidió negar una demanda que interpuso el Fondo Premium, en busca de recibir una reparación tras el escándalo de Interbolsa.
El descalabro financiero de la comisionista que era el mayor conglomerado bursátil del país y que manejaba cerca de una tercera parte de las operaciones con títulos valores, inició en el 2012 con una crisis de liquidez por actos de corrupción.
Según las investigaciones de la Fiscalía, “los condenados armaron un entramado societario mediante el cual vulneraron el mercado de valores sustituyendo fuerza del mercado por el interés personal de enriquecer sus arcas con el engaño a las víctimas”.
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El Fondo Premium hacía parte de esa inversora y tras el descalabro, sus afiliados perdieron sus inversiones, constituyéndose como víctimas en ese proceso, ahora la firma bursátil pide indemnización, porque dice que la Superintendencia Financiera de Colombia reaccionó tardíamente al escándalo.
Pero la Procuraduría considera que no hay lugar a dicha reparación, porque “no existe una relación que obligue a condenar a la Nación”.
En el concepto que se entregó al Consejo de Estado, la Procuraduría reiteró que “desde hace un tiempo el Fondo Premium se encuentra en proceso de liquidación, y con los bienes que ha ido tomando el Estado de quienes manipularon las inversiones se está reparando a las personas que se encuentran acreditadas como víctimas en el proceso”.
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La Procuraduría también advirtió que en el proceso penal no se demostraron las supuestas irregularidades de las que se acusa a la Superintendencia Financiera.
“En ningún momento los demandantes lograron demostrar en el proceso judicial las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre aquellas conductas u omisiones en la que pudo incurrir la Superintendencia Financiera”, dijo la Procuraduría.
En ese escándalo por el desfalco al Fondo Premium de Interbolsa, en el 2017, fueron condenados a 71 meses de prisión domiciliaria a los empresarios Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortíz Zarrate, como autores responsables de los delitos de estafa agravada y masiva, manipulación fraudulenta de especies y concierto para delinquir.
La Fiscalía informó que el directivo Ricardo Emilio Martínez, presidente de algunas de las empresas involucradas, fue condenado a 44 meses de cárcel, no obstante le fue concedida la libertad condicional durante un año en el 2017.
