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El Gobierno nacional anunció la imposición de tres nuevos impuestos temporales a las exportaciones de petróleo, gas y juegos de azar, como parte de las medidas adoptadas bajo la declaratoria de conmoción interior. Esta decisión ha generado preocupación en distintos sectores económicos, particularmente en el petrolero y gasífero, debido al impacto que podría tener en la inversión y en la estabilidad del sector.
Francisco José Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, cuestionó la efectividad de esta medida y advirtió que podría afectar la presencia de empresas privadas en el país. "El Gobierno declara la conmoción interior para buscar conjurar la crisis en el Catatumbo. Sabemos que la situación de orden público en esta región no es nueva y que distintas entidades habían alertado sobre lo que podía ocurrir allí. Sin embargo, esta es la crónica de una masacre anunciada, resultado de equivocaciones de fondo en el Gobierno y en el Ministerio de Defensa", afirmó.
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En cuanto al nuevo tributo a las exportaciones de petróleo y carbón, Lloreda indicó que el Ejecutivo busca recaudar más de un billón de pesos mediante un impuesto del 1 % sobre estos bienes. No obstante, argumentó que el impacto real recaerá sobre las empresas privadas, ya que "los 214 mil millones de pesos que quieren recaudar de las exportaciones de Ecopetrol podrían obtenerse a través de una distribución de dividendos sin necesidad de crear un nuevo impuesto".
Lloreda aseguró que esta medida "busca seguir desincentivando la presencia de empresas privadas en Colombia y espantarlas", agregando que tampoco existe claridad sobre el destino de los recursos que se recauden. "Si creen que con un billón de pesos se va a conjurar la situación de inseguridad en el Catatumbo y otras regiones, están muy equivocados", dijo, señalando que el problema también radica en la baja ejecución del presupuesto por parte de los ministerios y agencias gubernamentales.
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Respecto a cómo podría afectar esta medida a los consumidores, Lloreda explicó que, aunque no tiene certeza sobre la estructura del impuesto, este tipo de cargas tributarias terminan impactando la inversión y el desarrollo del sector. "No podría decir en este momento si se terminaría trasladando al usuario final, pero lo que vemos es que es una medida innecesaria, porque esos 214 mil millones de pesos perfectamente podrían ser aportados desde el presupuesto de otras entidades o desde la propia Ecopetrol", concluyó.
El anuncio del Gobierno sobre la aplicación de estos impuestos ha generado reacciones divididas, mientras el Ejecutivo defiende su carácter temporal y su utilidad para financiar estrategias de seguridad en regiones afectadas por el conflicto, sectores productivos alertan sobre las posibles consecuencias para la inversión y la estabilidad económica del país.
