Borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo, cerca de convertirse en ley

La Cámara aprobó en último debate el proyecto de ley denominado 'borrón y cuenta nueva', que establece nuevas condiciones para las personas que están reportadas en centrales de riesgo por estar en mora en un crédito.

Este proyecto, al que le queda la conciliación entre Senado y Cámara de Representantes, es la primera iniciativa que el Congreso aprueba de manera virtual para que se convierta en ley de la República.

El texto del proyecto aprobado consagra la amnistía por única vez para los colombianos que se pongan al día en la deuda durante los 12 primeros meses de entrada en vigencia esta ley. La amnistía aplica para quienes lo hayan hecho con anterioridad.

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Esta amnistía financiera hará énfasis en los estudiantes que tienen créditos educativos con el Icetex y entraron en mora para que al pagar la obligación salgan de inmediatamente del reporte negativo.

Otra de las características del proyecto de ley indica que las personas con deudas de menos de 131.000 pesos recibirán dos comunicaciones antes de ser reportadas en centrales de riesgo.

De acuerdo al texto de la iniciativa, el tiempo del reporte negativo en las centrales de riesgo será del doble al de la mora y hasta máximo cuatro años. Este artículo aprobado está acorde al que está consignado en la ley de Habeas Data.

El senador David Barguil, uno de los autores de la iniciativa, resalta que con esta ley la calificación crediticia de un ciudadano deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo: "en la actualidad, si una persona está en mora su calificación disminuye y aunque pague, esta calificación no sube".

La consulta de información crediticia será gratuita para el titular, pero dicho historial en bases de datos no podrá usarse para que se otorgue un empleo ni para otros fines diferentes al del análisis de riesgo.

Saldrán del reporte negativo las personas que presenten la denuncia ante la Fiscalía por ser víctimas de suplantación y aporten las pruebas a la entidad financiera o establecimiento de crédito.

Esta ley será revisable en dos años para verificar su efectividad.