Las tarifas que paga el Gobierno a los bancos por el 'Ingreso Solidario'

Asobancaria aclaró que los beneficiarios del programa no deben pagar por la transferencia ni por el retiro.
Dinero
Crédito: COLPRENSA

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) le salió al paso a la denuncia hecha por el senador Efraín Cepeda, sobre los recursos que recibe la banca por irrigar el dinero del programa 'Ingreso Solidario', que ascenderían a los 6 mil millones de pesos.

En un comunicado oficial, el gremio financiero explicó que el Gobierno Nacional, mediante el artículo 4 del decreto legislativo 518 de 2020, intervino y fijó las tarifas con las que se debía prestar el servicio de transferencia por parte de las entidades bancarias y fintech.

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Además, se indica que en el artículo 4 de la Resolución 975, se fijaron las tarifas y determinaron los diferentes valores que debía pagar el Gobierno Nacional a la banca, dependiendo de los niveles de bancarización de la población que hace parte del programa social.

En este documento se indica que la tarifa por cada uno de las transferencias a los beneficiarios que hagan parte de la población que está bancarizada, será de 1.000 pesos, excluido de IVA.

Para los beneficiarios que hagan parte de la población no incluida financieramente, cuyo proceso de vinculación se realice de manera digital o virtual, la tarifa a cancelar será de 1.900 pesos

Y la población que no está bancarizada y que decidan retirar los recursos de manera presencial o la dispersión del dinero se haga a través de giro bancario ,se pagará una tarifa de 2.300 pesos.

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Para que los bancos puedan cobrar estos recursos deberán “remitir una cuenta de cobro, al Ministerio de Hacienda, adjuntando la certificación suscrita por su revisor fiscal donde acredite el valor total abonado a los beneficiarios del programa”, indica la resolución emitida por el Gobierno.

Asobancaria asegura que los más de dos millones de beneficiarios del 'Ingreso Solidario' han recibido el dinero, sin que las personas hayan incurrido en algún costo por la transferencia o el retiro y que los costos operativos que sume el Gobierno “reconocen el esfuerzo de los prestadores de servicios financieros por llegar a las zonas de mayor dificultad de acceso donde se localiza una parte importante de esos grupos poblacionales”.


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