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La entidad muestra sus preocupaciones específicas en cinco puntos de este proyecto de ley al que se le está dando trámite en este momento en el Congreso de la República.
Las anotaciones específicas del gremio que representa el sector empresarial del país, se centran en los impuestos de renta y dividendos a personas extranjeras y otros no residentes fiscales, los términos de firmeza de las declaraciones y término para proferir requerimiento especial, el régimen sancionatorio y la competencia de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales.
En cuanto al impuesto de renta "las tarifas combinadas del impuesto sobre la renta y dividendos aumentarían frente a las que tendríamos con las normas hoy vigentes", además agregan que con la renta presuntiva que se eleva del 3% al 4%, representa un aumento del 33% para los sectores productivos con altas inversiones y que sus utilidades se ven solo hasta el largo plazo.
"El CGN, solicita al gobierno y al propio Congreso de la República, considerar que el alivio a la carga tributaria de las personas jurídicas que recomendó la Comisión de Expertos entre a regir a partir del año 2017", recomendó el Consejo.
Así mismo, sugirieron que la tarifa de renta combinada entre socio y sociedad, quede en un máximo del 35% y que la renta presuntiva se mantenga en el 3%.
Por parte del impuesto a dividendos a personas extranjeras, consideran que aunque se haya bajado del 10% al 5%, esto constituiría que los inversores extranjeros sientan aversión a la economía del país.
"Esto lleva a que los inversionistas tengan tasas efectivas de tributación superiores a las que ofrecen otros países con quienes competimos directamente, conduciendo a que el país se haga menos atractivo para estos capitales", consideró.
Así mismo, los términos de firmeza de las declaraciones, en el proyecto de ley, contemplan que se aumente tres, seis y nueve años de firmeza de las declaraciones tributarias, por lo que opinan que con esto se aumentaría la incertidumbre jurídica para todos los contribuyentes.
En el régimen sancionatorio, señalan que se mina la seguridad jurídica puesto que "se elimina la gradualidad en la imposición de las sanciones y aumenta sanciones por información errónea o extemporánea que la práctica ha demostrado tienen una alta litigiosidad con la administración tributaria, entre otros".
Y agregan que, "la norma constituye una clara aplicación de principios rectores y garantías constitucionales a favor de los administrados, en especial del principio cardinal del debido proceso, con lo que la derogatoria de esta norma implicaría un verdadero retroceso en materia de los derechos de los contribuyentes, atentando contra la seguridad jurídica y las garantías de los administrados".
Finalmente, frente al papel de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales "proponemos retomar la intención del Gobierno Nacional e incluir en la ponencia para segundo debate la claridad que requiere la base de liquidación para independientes y el régimen descuentos para trabajadores, entre otros".
