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Diferentes gremios económicos expresaron sus inquietudes sobre el texto de la reforma laboral, que avanza hacia el segundo debate en la Cámara de Representantes.
Estos sectores sostienen que la iniciativa podría incrementar los costos, fomentar la informalidad laboral y perjudicar a las pequeñas y medianas empresas del país.
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De acuerdo con la alianza de asociaciones y gremios (Aliadas), es de vital importancia que el Gobierno de Gustavo Petro considere la protección de todas las modalidades de trabajo, así como lo demanda el artículo 25, y no solo bajo contratos laborales formales.
Aseguran que la reforma laboral actual se enfoca solo en el trabajo dependiente y sindicalizado, ignorando la realidad de la informalidad y los empleos independientes que representan la mayoría del mercado laboral.
"De los 22,5 millones de personas habilitadas para trabajar, solo 5 millones tienen contratos formales. Para cumplir con el postulado constitucional y el interés general, el Estado debe implementar reformas que protejan todas las formas de trabajo, dignificando diversas profesiones y ajustándose a las nuevas realidades sociales, tal como lo recomienda la OIT", subrayó Aliadas.
Otros de los puntos abordados por la organización es la asignación de responsabilidades en la cadena productiva y la tercerización. El gremio enfatizó en la necesidad de buscar un equilibrio que permita a las empresas mantener la flexibilidad necesaria para operar eficientemente, sin que esto comprometa la estabilidad y seguridad de los empleados.
"Estamos comprometidos con encontrar un punto medio que beneficie tanto a los empleadores como a los trabajadores, promoviendo un entorno laboral más justo y equilibrado", comentó Aliadas.
Asimismo, los empresarios han discutido el papel del contrato de aprendizaje como una herramienta esencial para la inserción laboral de los jóvenes y su desarrollo profesional.
También se abordó la estabilidad laboral relativa, planteando la importancia de equilibrar las necesidades tanto de los empleados como de las empresas, con el objetivo de mantener un entorno laboral que favorezca el crecimiento y la sostenibilidad.
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Ante esa situación, Aliadas hizo un llamado al Gobierno Nacional, "es fundamental que se logre un consenso que no solo fortalezca el mercado laboral, sino que también promueva la justicia social y el crecimiento económico en Colombia".
Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, señaló en diálogo con La FM que “será peor el remedio que la enfermedad”. Argumentó que la reforma no aborda adecuadamente la alta tasa de informalidad que se registra en el sector agrícola.
“Desconocer la realidad del campo colombiano, donde más de 34 millones de trabajadores, de los cuales entre el 84% y 86% están en situación de informalidad laboral, es francamente ser ingratos con la producción y con quienes llevan sobre sus hombros la seguridad alimentaria de los colombianos”, afirmó Bedoya.
