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Uno de los principales dolores de cabeza de los habitantes del departamento del Atlántico es sin duda el alto costo que históricamente han tenido que pagar por el servicio de la electricidad.
De hecho, esta tarifa ha registrado aumentos hasta del 50 % en el recibo, situación que hoy tiene en jaque el bolsillo de los ciudadanos y en vilo a los empresarios de esta región del país.
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Las cifras no mienten. De acuerdo a la misma alcaldía de Barranquilla, en promedio un hogar de estrato 1 en Bogotá paga cerca de $36.039, mientras que a uno en las mismas condiciones en el norte del país le cobran $90.526, a lo que se suman denuncias de personas de bajos recursos del Caribe, a quienes, sin tener aire acondicionado ni ventilador, les han llegado recibos por encima de los $250.000.
La ciudadanía se unió ante esta crisis para hacer un llamado crítico a la dirigencia local, regional y al gobierno nacional, por la falta de articulación en la búsqueda de soluciones. Algunos mandatarios del departamento le han pedido al Gobierno un control tarifario, propuesta que a la fecha no ha tenido ningún avance, por lo menos positivo. Pero, la ciudadanía considera que no solo el Gobierno es responsable, y que dichos mandatarios deben tomar acciones y reconocer su responsabilidad frente a otros componentes que se cobran en el recibo de la luz.
En el Atlántico, por ejemplo, existe un oneroso impuesto de alumbrado público, aprobado por alcaldías y concejos, además de una altísima tasa de seguridad y convivencia, aprobada por la Gobernación y la Asamblea Departamental. Frente a esta última, algunas denuncias ciudadanas cuestionan que el dinero de la tasa de seguridad esté siendo utilizado para el mantenimiento de parques, con la aprobación de la Asamblea, pese a una grave crisis de extorsiones e inseguridad en el territorio.
En este contexto, una iniciativa ciudadana de la organización internacional de activismo digital Change.org, que se materializó con más de 19.100 firmas de la comunidad, logró que el Ministerio de Minas y Energía aceptará reunirse con la sociedad civil del departamento del Atlántico, para definir una Asamblea de Usuarios de Energía y Servicios Públicos en Barranquilla y el Departamento con el fin de revisar el alto costo de la tarifa.
La fecha del encuentro está por definir y será de común acuerdo, pero ya es un hecho. Para ello, esta semana se avanzará en una segunda reunión entre el Ministerio y organizaciones que serán convocadas.
La petición http://chng.it/XMNXLQRN, que se hizo viral en redes sociales por medio del hashtag #TarifaJustaYa y que ha generado cerca de 1 millón de interacciones en redes sociales en la última semana, logró recoger más de 19.100 firmas de apoyo y estas fueron entregadas presencialmente en las oficinas de MinEnergia el pasado viernes 06 de octubre, durante una reunión en la que lideresas del Atlántico fueron recibidas con el acompañamiento de Change.
De acuerdo con la líder de esta petición, Karol Solís Menco, politóloga, al Gobierno nacional se le exige, pues es lo justo, una reforma al sistema de cobro de las tarifas de energía e intermediación frente al alumbrado público en el Atlántico, solicitud que vería con buenos ojos el ministro Omar Andrés Camacho. “Esta medida resulta crucial para abordar de manera integral los problemas que afectan directamente a nuestra comunidad en relación con el servicio público de energía”, señaló Solís.
Solís igualmente reprochó la tasa de seguridad y convivencia recaudado por la Gobernación del Atlántico por años, con el respaldo de los asambleístas, que se cobra actualmente en la tarifa.
En contexto, vale recordar que el elevado aumento en el costo de la energía y el alumbrado público en el departamento se debe, en buena medida, a un régimen especial aprobado en el Plan de Desarrollo del pasado Gobierno del presidente Iván Duque que autorizó a la empresa Air-e incorporar en la tarifa un mayor porcentaje de pérdidas no técnicas.
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La situación es alarmante, si además se tienen en cuenta algunas denuncias de la comunidad que comprometen a la empresa Air-e por algunas prácticas, entre ellas, el envío de cobradores con megáfonos a los hogares de los usuarios para exigir el pago de las facturas o el corte de la luz a conjuntos residenciales enteros debido al no pago de las facturas por parte de algunos residentes.
“Ante esta preocupante coyuntura, celebramos que MinEnergia haya aceptado reunirse con la comunidad para definir una Asamblea de Usuarios de Energía y Servicios Públicos en Barranquilla y el Atlántico con el fin de revisar el alto costo de la tarifa. Esperamos que est une encuentro sea un espacio de diálogo y colaboración entre todas las partes involucradas, incluyendo representantes del Gobierno Nacional y local, empresas de servicios públicos y la sociedad civil”, destacó Solís.
