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La ministra de Trabajo, Alicia Arango, confirmó que para el Gobierno Nacional no es viable el proyecto del senador Álvaro Uribe que avanza en el senado en tercer debate, sobre la prima adicional cada año, para los trabajadores que devenguen entre 1 y 3 salarios mínimos legales vigentes.
La propuesta plantea entregarles lo equivalente a máximo 15 días de salario mínimo, es decir, alrededor de 415.000 pesos, que se recibirían así: la mitad en marzo y la otra mitad en septiembre.
“Nosotros como Gobierno todo lo que tiene que ver con proyectos que incluyan temas fiscales van al Ministerio de Hacienda donde se concluyó que esa prima no es viable”, dijo.
La Ministra ratificó que “este proyecto ya va en tercer debate y nosotros como gobierno no podemos hacer nada pero la posición del Gobierno está más que clara”.
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La funcionaria señaló que está a la expectativa de conocer cuál será el futuro de esta iniciativa; cuando desde el Ministerio de Hacienda se ha reiterado que no se podría cumplir.
Aunque la iniciativa no ha tenido el respaldo de los empresarios y tampoco el visto bueno del Gobierno, el senador Álvaro Uribe afirmó que se trata de una medida necesaria que equilibra la balanza luego de todos los beneficios que ha recibido el sector privado.
“En el Centro Democrático pensamos que el país necesita menos impuestos y más salario; ya se rebajaron los impuestos para las empresas, se crearon incentivos en el Plan de Desarrollo y ahora ha venido esta respuesta a los trabajadores colombianos”, indicó.
“La mitad se aplicaría en el año 2020, la mitad en el año 2021 y la totalidad, que es más o menos 415.000 pesos de hoy por año en la gran empresa, se aplicaría en el año 2022”, manifestó Uribe.
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El senador Gabriel Velasco, ponente del proyecto, explicó que la prima variará dependiendo del tamaño de la empresa.
“Las empresas pequeñas y micro, deberán cinco días de salario al año, la mediana empresa tendrá que pagar 10 días de salario mínimo al año y las grandes empresas pagarán 15 días de salario al año”, manifestó.
Esta medida aplicará tanto a empresas privadas como a entidades del sector público. Según el senador Velasco, al sector empresarial le costaría alrededor de 1,6 billones de pesos y al Estado alrededor de 100.000 millones de pesos.
El proyecto de ley, que todavía no tiene el aval del Ministerio de Hacienda, avanza ya en el tercer debate en el Congreso de la República.
