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Fedesarrollo realizó una serie de recomendaciones para luchar contra la corrupción. Según el centro de estudios económicos, estas se basan en los resultados de la comisión de expertos anticorrupción.
El diagnóstico parte de reconocer que la corrupción es uno de los principales obstáculos al desarrollo económico. “No sorprende entonces que la opinión pública considere que la corrupción es el principal problema del país, por encima de la inseguridad, la economía, el desempleo y el costo de vida”, dijo el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
Entre las propuestas están, modificar la nominación y elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y fortalecer su capacidad con presupuesto y planta autónomos y una mejora en sus capacidades de investigación.
Así mismo se propone aumentar la financiación pública directa e indirecta a las campañas, del 30 al 70 por ciento de los gastos de campaña, y fortalecer el control a los reportes de ingresos y gastos de las campañas políticas.
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También se sugiere adelantar una reforma integral a los organismos de control para mejorar su eficacia y garantizar la autonomía e independencia frente a intereses políticos y económicos .
Hacer seguimiento a los flujos de recursos ilícitos y el lavado de dinero asociado a la corrupción y combatir el uso del efectivo en las campañas políticas y la falta de transparencia de estos recursos.
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Combatir la corrupción en la contratación estatal, "al restringir el uso del régimen de contratación por los esquemas especiales, limitar contrataciones no competitivas y las adiciones a los contratos, así como fortalecer el gobierno corporativo de las entidades del Gobierno Nacional".
Hacer una reforma al servicio civil y el empleo público y crear un régimen de vinculación en planta de los servidores en prestación de servicios sin un aumento del gasto público.
Combatir la transaccionalidad de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, al aumentar la transparencia del proceso legislativo, regular los cupos indicativos y hacer del trámite legislativo un proceso digital y transparente, y por último fortalecer la capacidad de la sociedad civil de hacer control a la corrupción con esquemas de protección al denunciante y mayor acceso a información.
