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Este sábado 21 de septiembre, se venció la Resolución 20243040040685 del 28 de agosto del 2024, que prorrogó la suspensión del cobro del peaje en Turbaco para vehículos livianos.
Es por ello por lo que el Ministerio anunció una nueva resolución que extiende la suspensión del cobro del peaje por dos meses, esta vez por dos meses, hasta el 22 de noviembre del 2024, para las categorías I y II (automóviles, camperos, camionetas, microbuses, buses y busetas). Además, la resolución indica que la prórroga podría continuar si las circunstancias que llevaron a la suspensión persisten.
La reciente resolución se apoya en el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado por la Ley 787 de 2002, que regula las tarifas y peajes en la infraestructura de transporte de la Nación, así como en diversas normativas anteriores que establecen tarifas y exenciones de peajes. En el documento indican que han estado utilizando recursos del patrimonio autónomo creado para el contrato de concesión. Sin embargo, la prolongada suspensión de operaciones está afectando el equilibrio económico de dicho contrato.
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Las advertencias de la Contraloría
Por otro lado, la Contraloría General de la República ha advertido sobre el alto riesgo de terminación anticipada del contrato de concesión vial con Autopistas del Caribe, si no se logra un acuerdo para reactivar el cobro de peajes.
La estructura financiera del proyecto depende del recaudo de seis peajes ya existentes (Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Galapa y Sabanagrande) y de uno adicional que se instalaría en Arroyo de Piedra.
Otra preocupación existente manifestada por el ente de control es que la decisión que tomó el exministro de Transporte, Guillermo Reyes, de haber congelado los peajes a nivel nacional, ocasionaría que el Gobierno tenga que pagar $1 billón.
En ese sentido, el organismo de control aseguró que es necesario que se tomen las medidas correspondientes para cumplir a cabalidad los contratos de concesión pactados previamente. “Se corre el riesgo de que para los once contratos concesionados viales de Iniciativa Privada (IP) vigentes, la afectación pueda ser aún mayor”, indicó.
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La Contraloría General también explicó que la afectación en 2023 alcanzó un valor cercano a los $ 610.000 millones y agregó que de no autorizarse prontamente el ajuste hoy restante del 4,64%, la afectación en 2024 podría alcanzar los $410.000 millones, para un total de $ 1,02 billones, los cuales deberán ser pagados por la ANI con cargo al Presupuesto General de la Nación.
