Exgobernador de Sucre, en líos en la Contraloría por el 'cartel de enfermos mentales'

La Contraloría General de la República profirió un fallo de responsabilidad fiscal por 2.723 millones de pesos contra el exgobernador.
Contraloría General de la República.
Contraloría General de la República. Crédito: Colprensa

La Contraloría General de la República profirió un fallo de responsabilidad fiscal por 2.723 millones de pesos contra el exgobernador del departamento de Sucre Julio César Guerra Tulena por el detrimento al patrimonio público que se dio con el llamado 'cartel de los enfermos mentales'.

El informe del organismo de control señala que Guerra ordenó, con recursos del Sistema General de Participaciones y de Regalías, pagos de servicios no prestados por la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre, como fue la supuesta internación y atención de pacientes ficticios de población pobre no asegurada, con trastornos del comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

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Teniendo en cuenta dicha situación, la Contraloría consideró que con su negligencia y falta de cuidado en el manejo del erario público, el exgobernador contribuyó en el daño ocasionado al patrimonio estatal, pues fue quien suscribió todas las resoluciones expedidas entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015, mediante las cuales se ordenó cancelar y pagar por los falsos servicios de salud mental.

Además, se encontró que la IPS era una clínica de garaje creada solo para desfalcar los recursos del Sistema General de Participaciones, destinados para la financiación de servicios de salud.

“El capital social del Instituto Prestador del servicio de Salud era de apenas un millón de pesos, que por supuesto no alcanzaban ni para pagarles el sueldo a los empleados que manifestaba tener”, señala el organismo de control.

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En el curso del proceso de responsabilidad fiscal, el propietario de la clínica confesó el montaje que se hizo para lograr estos pagos. También explicó el proceso que aplicó para inventar pacientes y cómo contrató un psiquiatra con un título en Argentina, para que falsificará la firma de un colega y avalar así la supuesta atención a los enfermos mentales.

El fallo con responsabilidad fiscal cobija también, en forma solidaria, a dos exsecretarios de salud, seis funcionarios y contratistas de esa misma dependencia y al propietario y representante legal de la clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre, Ernesto Vladimir González.


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